El caso del crimen de dos ciudadanos colombianos en la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre el 25 de abril del 2009 podría dar un giro inesperado en los próximos días tras las nuevas pruebas ordenadas por la jueza que lleva la investigación, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga. Entre estas pruebas solicitadas por la jueza figura la reconstrucción del doble crimen a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, una unidad puntera a nivel nacional, así como que se tome declaración en calidad de testigos de dos altos mandos de la Benemérita. Se trata del ex jefe de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil en Málaga, Valentín Fernández, condenado a diez años de cárcel por dos delitos de tráfico de estupefacientes al permitir la entrada de varios alijos a España, en el denominado caso EDOA, así como la del comandante Manuel Juan Martín, absuelto en ese mismo caso y que llevó la investigación del caso de los dos ciudadanos colombianos abatidos en la finca de Alhaurín a manos de su dueño, Manuel Alonso Herrero. Este último está siendo investigado por el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Málaga por la muerte de su ex mujer, Lucía Garrido, ocurrida un año antes en esa misma finca.

La jueza ordena asimismo que identifique a los guardias civiles que se encontraban de servicio en la tarde de los hechos en la Compañía de Coín, incluida la sección del Seprona de Málaga. También se pide a Asuntos Internos de la Guardia Civil que identifique el arma aludida en una conversación por Manuel Alonso y solicita la remisión de fotografías y radiografías tanto de los fallecidos como del escenario del crimen. También están citadas a declarar las mujeres de los dos fallecidos.

La magistrada abre una nueva ronda de declaraciones para aclarar este caso

La nueva providencia de la magistrada se produce después de que la Audiencia Provincial de Málaga decidiera revocar a finales del pasado año un auto previo que ordenaba cerrar el caso sin ningún procesamiento, ya que se consideró que la muerte de los dos hombres fue un acto de legítima defensa por parte del dueño de la finca, que los habría sorprendido en su interior. Sin embargo, para la Audiencia Nacional, hubo muchos cabos sueltos en la investigación posterior, lo que a su juicio "obliga a agotar la investigación". "Algo permanece oculto en torno a aquellas muertes", relató en un auto la Sección Novena de la Audiencia.

El abogado Marcos García Montes, que lleva la defensa de la familia de uno de los dos fallecidos, Derian José Morales Feria, señaló que las nuevas pruebas son "muy importantes" para aclarar lo sucedido en la tarde del 25 de abril del 2009, y especialmente las declaraciones que aporten los mandos de la Guardia Civil.