La controversia sigue acompañando la propuesta de construcción de un hotel de 135 metros de altura en los suelos del dique de Levante, en el puerto de Málaga. Frente al beneplácito dado desde el origen mismo de la iniciativa por la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía, son ya numerosos los pronunciamientos críticos que ponen en duda el proyecto y la decisión de destinar ese emplazamiento para uso privado.

Estas voces adversas, a pesar de la renuncia de las administraciones a promover un proceso de participación en torno a esta edificación, suenan ya con fuerza. El listado de organismos que no esconden sus dudas con la torre diseñada por José Seguí y financiada por un grupo de inversión catarí, sigue creciendo, al punto que englobar ya a Ecologistas en Acción, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Academia de Ciencias y varias formaciones políticas, a las que esta misma semana se ha sumado el Colegio de Arquitectos.

Parte de estos organismos fueron contactados por la Delegación de Medio Ambiente con el fin de que emitiesen pronunciamientos sobre las posibles afecciones de la torre programada. De los cinco actores a los que se les hizo el encargo, apenas han respondido dos: Ecologistas y el Colegio de Arquitectos. Por el contrario, la Delegación de Cultura contestó que no tenía que pronunciarse sobre la iniciativa dado que la misma se localiza fuera del entorno del conjunto del Centro Histórico (catalogado como BIC), circunstancia por la que Instituto Andaluz del Patrimonio, otro de los entes emplazados, tampoco emitiese su opinión.

Contexto diferente es el del Centro de Estudios del Paisaje y del Territorio, quien si bien renunció a ofrecer su pronunciamiento, lo justificó en la ausencia de tiempo suficiente y de medios para poder dar forma al documento. No obstante, por medio de un escrito oficial, este ente admitía que una construcción de este tipo tiene una alta incidencia o impacto visual "hasta el empequeñecimiento o disminución de los hitos urbanísticos y paisajísticos tradicionales".

Con las cartas ya sobre la mesa, a la espera de que Medio Ambiente pueda dar entrada a otros pronunciamientos no reclamados, caso del ya conocido de Equo y al previsible de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), queda por dilucidar la posición que este organismo adoptará finalmente en lo tocante al procedimiento ambiental. El interrogante a responder radica en si a tenor de las opiniones ya expresadas se modifica la hoja de ruta prevista, sustanciada sobre la vía simplificada, y se opta por el procedimiento ordinario, que podría requerir de unos 18 meses de análisis.

La incidencia de esta decisión puede resultar clave para el futuro del proyecto, más aún después de que haya transcurrido más de un año desde que el Consejo de la Autoridad Portuaria acordase la adjudicación condicionada de la concesión de la parcela a la empresa Andalusian Hospitality II, vinculado a Al Bidda Group.

"Una vez tengamos todas las alegaciones y se vean como tratan la consulta que se le hizo se verá si se sigue con el procedimiento simplificado o el ordinario", confirmó el delegado de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, quien recordó que el trámite ahora en marcha afecta sustancialmente a la propuesta de modificación del Plan Especial del Puerto. En este sentido, apuntó que el camino que tiene aún que recorrer el proyecto incluirá pronunciamientos más concretos sobre el edificio en sí. Algunas fuentes apuntan a que el procedimiento que aún tiene por delante esta actuación puede alargarse del orden de tres años, incluyendo no sólo la parte urbanística, sino el definitivo posicionamiento favorable del Consejo de Ministros al uso hotelero en el espacio portuario.

Del análisis de las alegaciones hasta el momento conocidas, se desprende la existencia de un frente contrario que viene a incidir de manera clara sobre el carácter "irreversible" de una torre de 35 plantas de altura sobre un terreno público. Es el caso del Colegio de Arquitectos, que pone el acento en la ausencia de datos que garanticen que "la riqueza que genere la desaparición de ese recurso (el suelo) se reinvierta en la propia ciudad". Una línea argumental que contrasta con la que vienen utilizando los actores favorables a la iniciativa, que se agarran a la creación de puestos de trabajo (350 tras la apertura del establecimiento) y al impacto positivo que supondría para la ciudad un edificio de esta envergadura. A esta primera cifra hay que agregar los ingresos que el Puerto, vía canon y tasa de actividad percibiría, con unos 840.000 euros anuales; o los cerca de 30 millones que se estima pagarán los promotores al Ayuntamiento en concepto de impuestos a lo largo de los 50 años de concesión.

En la otra cara de la moneda en el debate generado se posicionan entes como Ecologistas en Acción, en cuyo informe sentenció la intervención, al entender que sería una actuación "irreparable", destacando el impacto visual de la misma. Mensaje parecido al empleado por la Academia de San Telmo, que en la misma línea reclama que el proyecto sea sometido a un procedimiento ambiental ordinario. "Fuesen cuales fueren las características de la actuación, su altura, su calidad arquitectónica o la ausencia de ella, el impacto medioambiental en la imagen histórica de la ciudad es de tal magnitud que la transforma radicalmente en otra", señalaba el documento enviado a Medio Ambiente.