La Administración de Justicia ha rechazado tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo la pretensión de la familia del diputado malagueño Luis Dorado, fusilado en Córdoba en 1936, de percibir una indemnización de 6 millones de euros como consecuencia de los perjuicios económicos y morales derivados del registro del asesinato del político socialista. La historia es conocida. Luis Dorado viajaba de Madrid a Málaga junto a otros parlamentarios con instrucciones de Largo Caballero sobre las consecuencias de alzamiento militar en el Norte de África. Encarcelado el 17 de julio de 1936, fue fusilado y enterrado en una fosa común del cementerio de San Rafael el día 30. Su cadáver nunca fue exhumado.

La demanda de la familia Dorado se basa en el tratamiento que realizó el Registro Civil de Córdoba de aquella muerte violenta y en las consecuencias. La inscripción se refiere a Luis Dorado como "varón desconocido", a pesar de que el diputado portaba su indentificación cuando se le dio muerte, según reconoce la documentación del caso. Muchos años después de aquello, ya en la Transición (en 1979), el Estado denegó la pensión de viudedad al no poder acreditar que el político estaba efectivamente muerto, lo que obligó a entablar una declaración judicial de fallecimiento que tardó cerca de una década en llevarse a cabo. Desde 2007, el Gobierno lleva rechazando tanto por la vía administrativa como por la judicial -por medio de la Abogacía del Estado- que se tuviese derecho a una indemnización como la reclamada.

El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por una familiar directa del diputado socialista, fallecida recientemente. Reclamaba los citados 6 millones de euros por un "funcionamiento anormal" del Registro Civil de Córdoba. La tesis jurídica es que la falsificación del asiento registral motivó unos daños económicos y morales posteriores que han de ser resarcidos. La inscripción alude al "varón desconocido" pero es tremendamente prolija en detalles como los resultados de la autopsia (heridas de bala en cerebro e hígado) y cómo se produjo el traslado al cementerio (en una ambulancia de la Cruz Roja). El Ayuntamiento sí pudo certificar la identidad de Luis Dorado porque su nombre quedó anotado en el Libro Necrológico General. Las sentencias apelan al contexto histórico y dicen que la norma que se utiliza para reclamar la indemnización data del año 1958 y no estaba vigente en el momento en que tuvieron los hechos, esto es, la inscripción registral.

La Audiencia Nacional y el Supremo han mantenido que la pretensión de la familia del diputado socialista llega tarde, que ha prescrito. Desde 1993, afirman ambas sentencias, los deudos de Luis Dorado disponían de información más que suficiente para constatar que había existido un anormal funcionamiento del aparato administrativo. Se asegura que la legislación establece un periodo de prescripción de un año a partir del cual se pueden realizar este tipo de acciones judiciales, algo que en este caso se superó ampliamente. La reclamación de cantidad se inició ante el Ministerio de Justicia en el año 2007. La parte demandante ha sido condenada en costas por entablar el proceso con 3.000 euros destinados a resarcir los gastos de la Abogacía del Estado.

El fallo señala que existe una cuestión de fondo. Reconocen ambas sentencias que la familia del diputado socialista fusilado había iniciado un procedimiento judicial con un doble objetivo: explorar la posibilidad de que las víctimas de la Guerra Civil puedan acceder a mayores indemnizaciones que las que señala la legislación ordinaria así como mantener las investigaciones sobre las circunstancias del fusilamiento y acceder a los expedientes judiciales y registrales de la muerte. Recuerdan los tribunales que la Ley de la Memoria Histórica consagra la colaboración de las administraciones. La familia de Luis Dorado intentó exhumar el cadáver en 2008 pero contó con la oposición del Ayuntamiento -que alegaba falta de medios- a pesar de que las excavaciones se encontraban financiadas por el Ministerio de la Presidencia. Sólo se realizaron los estudios del georadar y el dinero público librado para esta finalidad fue devuelto al Ministerio de Hacienda.

El gobierno municipal requirió el control judicial de las exhumaciones -los hechos coinciden con el sumario de Garzón que lo ha llevado finalmente ante el Tribunal Supremo- y que le aclarasen quién correría con los costes de llevar a cabo el levantamiento e la fosa común en la que, se supone, se encuentra el cadáver del diputado. Recientemente, el Consistorio erigió unos muros de la memoria para recordar a las víctimas. La familia Dorado pidió que no se inscribiera el nombre del político malagueño.