La vida interna del Colegio Médico amenaza con judicializarse. Cuatro días después de que el Consejo Andaluz de Colegios Médicos sancionara a dos miembros de la ejecutiva de Málaga con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por dos faltas graves cada uno, ambos facultativos han anunciado que recurrirán la resolución ante los tribunales.

La decisión del organismo andaluz -que rebajó de 26 a 8 los meses propuestos por el instructor del expediente- agotó la vía administrativa. Ahora sólo cabe el recurso contencioso y eso es lo que interpondrán el ex secretario, Carlos López Madroñero, y la ex vicesecretaria, Aurora Suárez Lledó. A ambos se les acusa de predisponer al personal del Colegio contra la junta directiva, de paralizar la gestión de la institución y de rebeldía frente a los órganos de gobierno.

Los dos rompieron ayer su silencio. "Entendíamos que el trabajo del Colegio no podía ser organizar fiestas, exposiciones y premios. Entendíamos que ese rumbo era una deslealtad al proyecto [electoral] y lo criticamos. Ahí empezaron nuestros problemas", argumentó López Madroñero. Suárez Lledó acotó que la finalidad de acudir a los tribunales es que "se limpie nuestro nombre de acusaciones que nosotros entendemos que son graves y falsas".

Ambos fueron cesados en sus funciones el pasado 10 de julio a raíz de las supuestas irregularidades en sus funciones. El Consejo andaluz intervino el 19 de octubre, ratificó la decisión cautelar de Málaga y se inició un expediente. Se les hacían 24 imputaciones que al final de la instrucción quedaron en dos para cada uno, penalizadas como falta grave con el cese definitivo de sus funciones, ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de la Medicina y otros tantos de suspensión como colegiados.

Los sancionados entienden que en todo ese proceso se produjeron tres irregularidades. La primera, que el Colegio malagueño no era competente según los estatutos para castigar con el cese a dos miembros de la directiva. La segunda, que aunque se les cesara en sus funciones de secretario y vicesecretaria no se les podía apartar de la junta directiva como se ha hecho. La tercera, que la denuncia que el Colegio elevó al Consejo con las supuestas anomalías no se aprobó en un pleno.

Las desavenencias -según unos- o las irregularidades -según otros- comenzaron en mayo de 2007, justamente un año después de las elecciones. Carlos Madroñero es un dirigente histórico del Sindicato Médico y Suárez Lledó, de CSIF. Ambos afirman que se sienten "utilizados" para aportar votos a un proyecto gracias al peso de sus organizaciones y a su trayectoria personal. Además, aseguran estar arropados por sus sindicatos y anticipan que harán llegar una carta abierta a los colegiados para darles las pertinentes explicaciones.

El cese les ha apartado de sus funciones, pero la inhabilitación no tiene para ellos consecuencias prácticas dado que ambos están liberados por sus sindicatos y, además, sus puestos de trabajo están en el Servicio Andaluz de Salud, que no exige la colegiación obligatoria. Distinto sería si trabajaran en la sanidad privada, dado que sin estar colegiados no podrían ejercer la profesión durante los ocho meses de penalización.

Ambos entienden que han sufrido indefensión porque no se han tomado en consideración sus alegaciones, que la instrucción del expediente no ha sido imparcial, que el Colegio se extralimitó en sus competencias y que la sanción ha sido desproporcionada porque la inhabilitación está concebida para una falta grave en el ejercicio profesional, no para un trabajo administrativo como el que ellos hacían en la institución.

Ayer el Colegio Médico prefirió no comentar la sanciones. Lo hará en los próximos días.