Una interventora de Diputación adjudicó obras a la constructora que le reformaba su vivienda

  • La empresa se llevó dos contratos, uno negociado y otro directo, y litiga con la funcionaria por una presunta deuda de 56.000 euros por una obra que Urbanismo exige demoler

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La secretaria-interventora del Consorcio provincial de Bomberos (CPB), organismo que depende de la Diputación, adjudicó e informó a favor de la adjudicación de al menos dos contratos públicos a la constructora que en esos momentos trabajaba en la reforma de su vivienda, un chalé en Pinares de San Antón. Se da la circunstancia de que posteriormente ha mantenido un litigio por el presupuesto de las obras con la constructora, que le reclama 56.488 euros, y de que la Gerencia de Urbanismo de Málaga ha ordenado la demolición de esos trabajos por ser contrarios al ordenamiento urbanístico.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el 2 de marzo de 2010 la secretaria-interventora, Ascensión Nevado, participó como vocal en la mesa de contratación y calificación de las propuestas presentadas para realizar las obras de adaptación y reforma de la sede del Consorcio de Bomberos, un contrato por un importe máximo de 148.275,86 euros (sin IVA) que se haría mediante el procedimiento de negociado sin publicidad. El sistema consiste en que se invita a participar a tres empresas, y en este caso sería tramitado por la vía urgente, según la resolución de apenas unos días antes, el 25 de febrero, firmada por el entonces presidente del Consorcio, el diputado Francisco Márquez, y la citada funcionaria. Previamente, el 22 de febrero, el presidente del Consorcio había invitado al procedimiento a tres empresas, Proconsab 2009, Construcciones Verdejo y Díaz (con los mismos administradores que la primera firma) e Invercos R.H.S. 

Proconsab 2009 fue la única de las tres firmas que presentó una propuesta por debajo del presupuesto máximo -apenas 1.922 euros inferior- por lo que recibió el informe técnico favorable y el 5 de marzo la Mesa de Contratación, otra vez reunida, realizó la propuesta de adjudicación, sancionada por resolución del presidente el mismo día. También ese día se efectuaba la notificación al adjudicatario, firmada por la propia secretaria-interventora. El contrato con la empresa constructora sería formalizado diez días después, y también en ese caso fue rubricado por Ascensión Nevado en su calidad de secretaria-interventora. 

Dos meses más adelante, en mayo de 2010, y atendiendo a una propuesta del entonces gerente del CPB, José Luis Cámara, el organismo adjudicó 'a dedo' un contrato menor a la misma Proconsab 2009, en este caso por 49.928 euros más IVA, para situar el Centro de Emergencias en las oficinas centrales que estaba remodelando, lo que se hizo también con el visto bueno de la secretaria-interventora, como consta en varios documentos. La Ley de Contratos del Sector Público permite este tipo de adjudicaciones directas siempre y cuando se trate de contratos de obras inferiores a 50.000 euros. 

 A principios de ese año, la constructora beneficiaria de esos dos contratos del CPB, Proconsab 2009, había solicitado licencia de obra menor en una vivienda unifamiliar de la calle Leoni Benabú, en Pinares de San Antón, en la Gerencia de Urbanismo de Málaga, permiso que fue concedido el 24 de febrero. La casa, según la información que consta en el Registro de la Propiedad número dos de Málaga, está a nombre de Ascensión Nevado y su marido. Las reformas duraron de enero a mayo de 2010 y llegaron a emplear hasta diez albañiles. 

El 26 de julio de ese mismo verano, el Departamento de Disciplina Urbanística de Málaga emitió un informe en el que denunciaba que las obras realizadas en la casa carecían de la licencia necesaria, dando pie a sucesivas alegaciones presentadas por el marido de la interventora, rechazadas por la Gerencia de Urbanismo, que propuso la demolición de los 46,55 metros cuadrados en que había aumentado la superficie construida de la vivienda, que era de 201 metros, tras una obra supuestamente menor. El valor de obra ejecutada calculado por la Gerencia ascendía a 93.322,79 euros. Tras dos informes técnicos, en noviembre de 2010 la Gerencia dio orden al titular de las obras para derribar voluntariamente lo edificado ilegalmente y advirtió a los propietarios de la vivienda de que si en el plazo de diez días de inicio y treinta de ejecución no lo demolían, se exponían a hasta doce multas coercitivas por un 10% del valor de lo construido.

Paralelamente, en junio de 2011, y según ha podido saber este periódico, la empresa reclamaba a la secretaria-interventora del CPB el pago de una deuda de 56.489 euros por las mencionadas obras, a la vez que le señalaba el incumplimiento del calendario de pago pactado. Este periódico ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, recabar una versión de la constructora Proconsab 2009. 

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