La inversión del Consistorio en VPO caerá unos 100 millones hasta el año 2011

  • Las aportaciones bajarán de 119 millones en 2008 a 19,4 en tres años · Es fruto de los ajustes a la Ley de Estabilidad

La capacidad del Ayuntamiento de Málaga en los próximos tres años para impulsar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) va a quedar seriamente mermada. Si hay un organismo municipal que va a sufrir más seriamente las consecuencias de la adecuación a la Ley de Estabilidad Económica que impulsa el Gobierno central ese va a ser el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), cuyas posibilidades inversoras se van a reducir de manera absolutamente radical. Los números hablan por sí solos.

Este departamento, dirigido por el concejal Diego Maldonado, va a pasar de manejar unos 119 millones de euros en inversiones en este ejercicio, a poco más de 19,4 millones de euros en el año 2011, anualidad en la que finaliza el periodo de ajuste previsto en el plan elaborado por el Consistorio y aprobado el pasado jueves en Pleno. O lo que es lo mismo, en apenas tres anualidades el dinero del que se dispondrá caerá en cien millones. La tendencia a la baja se dejará notar ya el próximo ejercicio de 2009, en el que la estrategia fija una inversión de 86,8 millones de euros, cuantía que baja a los 41 millones en 2010.

De acuerdo con la radiografía que permiten elaborar estos datos, el IMV sí podrá culminar las grandes operaciones residenciales ya iniciadas, caso de Soliva, con unas 1.600 VPO, y comenzar promociones como Universidad, que acogerá otro millar de viviendas sociales. La duda viene a partir de ese momento.

Esta realidad fue confirmada ayer por el concejal de Vivienda. "La ley nos obliga a ello y nos lleva a este tipo de reajustes", comentó Maldonado, quien precisó que las actuaciones ya comprometidas "no sufrirán retrasos". "El problema lo tenemos con las iniciativas que íbamos a poner en marcha en estos años, porque se tendrán que hacer dentro de un marco diferente", informó. En estos momentos, según el edil popular, los técnicos del IMV están "buscando" el modo en que este recorte afecte lo menos posible al organismo y a la ejecución de VPO.

La necesidad de adaptarse a los nuevos criterios fijados en la ley va a impedir al equipo de gobierno acudir a los créditos bancarios como vía de ingresos para realizar inversiones. Este hecho hace tambalear las previsiones realizadas por el Consistorios en los próximos tres años, en los que, respectivamente, la cifra será de 192 millones, en 2009; 224, en 2010, y 180 millones, en 2011. Estas partidas no incluyen en ningún caso los gastos que puedan realizar empresas como Smassa (Sociedad Municipal de Aparcamientos), Emasa, Palacio de los Deportes, Parcemasa y la EMT.

Ante este varapalo, el equipo de gobierno del PP opta por acudir directamente a los convenios urbanísticos y las operaciones de venta de suelo que se puedan realizar tras la aprobación definitiva el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) como una vía alternativa de ingresos. En este sentido, el plan estima que a lo largo de los próximos tres años los acuerdos urbanísticos representarán unos 177 millones, mientras que la enajenación de terrenos municipales supondrán otros 90 millones de euros.

Precisamente, mientras los números del IMV tiemblan, los de la Gerencia de Urbanismo no parecen resentirse en exceso. La estrategia elaborada por el Ayuntamiento para afrontar la reducción de inversiones señala que Urbanismo dispondrá de unos 58 millones de euros, lo que representa un descenso de casi 18 millones respecto a 2008. A partir de 2009, la tendencia cambia al alza, al subir la previsión de inversión a 121,8 millones, en 2010, y a 129, en 2011.

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