El Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga investigó el año pasado la presunta participación del juez Francisco Javier de Urquía, con un expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y apartado del juzgado número 2 de Marbella, en un plan supuestamente orientado a obtener dinero a cambio de levantar las medidas cautelares o embargos que pesaban sobre varias empresas intervenidas judicialmente en el caso Hidalgo contra el blanqueo, cuya instrucción llevó el propio De Urquía antes de ser apartado.

Según un auto de dicho juzgado dictado en diciembre, uno de los investigados, con iniciales I. M. L., "supuestamente habría realizado una propuesta presuntamente ilegal a un testigo protegido", que consistiría "en garantizarle el levantamiento de intervenciones judiciales" acordadas contra empresas, así como el desbloqueo de cuentas, puesto que tenía pendiente llevar a cabo una operación de venta de un hotel intervenido en el caso Hidalgo.

Este levantamiento se realizaría presuntamente, según explicó el instructor en esa resolución, "a cambio de una contraprestación económica" que inicialmente fue de 5,6 millones de euros, aunque se habría llegado a pedir hasta ocho millones de euros, aumento que se justificó en el hecho de que el levantamiento de las medidas se realizaría antes de tiempo porque De Urquía -entonces ya suspendido de su cargo por el caso Malaya- "iba a ser restituido a su puesto de trabajo en el juzgado".

De las diligencias practicadas por dicho juzgado se desprendía en ese momento, según el escrito sobre las prórrogas de intervenciones telefónicas, indicios de que De Urquía y Arnaud Fabrice, imputado igualmente en las diligencias abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación al caso Malaya, "podrían estar presuntamente participando del supuesto plan ilícito para obtener dinero".

Tras algunas de las transcripciones de intervenciones telefónicas, contenidas en dicho auto, el juez apuntaba que existían indicios de la presunta participación de los investigados en "un plan perfectamente diseñado", aunque señalaba que se desconocía "desde cuándo se pudo planear el presunto ilícito plan para obtener dinero del testigo protegido" y "si fue una idea de I.M.L. a la que, posteriormente, se sumaron el resto de investigados".

El juzgado remitió al TSJA en enero de este año una exposición razonada en el curso de las diligencias, tras lo que la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz se estimó competente para abrir otra causa penal, al ser aforado, contra De Urquía por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Posteriormente, se declaró la nulidad de las intervenciones, por falta de competencia del instructor, quedando desglosadas las transcripciones y las grabaciones realizadas sobre el teléfono del juez.

De Urquía está imputado en dos causas en el TSJA, la primera vinculada al caso Malaya, en la que también está acusado Juan Antonio Roca, y la segunda en relación al caso Hidalgo.