El plan de apertura de los juzgados durante tres tardes a la semana que comenzó el miércoles pasado se ha puesto en marcha sin que los titulares de estos órganos hayan sido consultados previamente. El juez decano de Málaga, José María Páez, expresó ayer el malestar de los magistrados de la capital que representa al precisar que la Junta de Andalucía en ningún momento se ha dirigido a los jueces para oír sus puntos de vista sobre "objetivos, duración o necesidades" de este programa.

La Consejería de Gobernación y Justicia, tras una reunión con los sindicatos a comienzos del mes de julio, determinó un listado de juzgados en los que entre tres y cinco funcionarios trabajarán durante tres horas y tres tardes a la semana hasta el 11 de noviembre.

Páez, no obstante, ha dejado claro que está "a favor de cualquier plan de refuerzo que se instaure porque son muchas las necesidades de personal y materiales". Sin embargo, se ha mostrado perplejo porque se aplique por segunda vez un programa de refuerzo dirigido a atacar el colapso judicial sin que los magistrados hayan sido "tenidos en cuenta o se nos haya invitado a manifestar su opinión".

El juez decano subraya que el plan es demasiado limitado: en el tiempo, porque sólo comprende 31 tardes de apertura efectiva, y en el ámbito porque se circunscribe a los juzgados de primera instancia y a cuatro penales, "mientras que el resto de los penales, que antes fueron incluidos y pudieron poner muchísimas ejecutorias en marcha, ahora quedan fuera del plan, a pesar de que sufren una situación muy complicada" y tienen multitud de procedimientos de ejecución de condena abiertos y varios miles pendientes de comenzar a tramitar.

Cree que si la Consejería de Gobernación y Justicia hubiera consensuado el programa de apertura vespertina con los jueces se podría haber "planificado mejor" para obtener mayor rentabilidad, aún en un contexto de estrechez presupuestaria. Desde este punto de vista matiza que posiblemente resultaría más rentable ampliar el periodo de trabajo por las tardes, de modo que los juzgados pudieran abrir a lo largo de seis meses o incluso un año en vez de durante dos meses y medio, aún cuando acudieran menos funcionarios a su puesto para desempeñar horas extraordinarias. De esta forma, por ejemplo, sería posible concluir la tramitación de los procedimientos ejecutorios.

Para José María Páez el consenso y la planificación conjunta es esencial al menos hasta que se implante la oficina judicial que, por ahora, no tiene fecha. La ley que contempla la futura oficina judicial, que concentrará en un único departamento parte de los trámites que ahora se realizan en cada uno de los juzgados, entró en vigor el pasado mes de mayo. Se supone que esa nueva estructura aliviará la carga de trabajo en los órganos judiciales. Sin embargo, el desarrollo de la nueva norma se prevé progresivo sin que por el momento esté claro cuándo se creará esa oficina.