El juicio por blanqueo de capitales del caso Hidalgo comienza hoy

  • El inicio estaba previsto la pasada semana pero se aplazó para incluir más documentación

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde hoy martes a los acusados en el denominado caso Hidalgo, sobre el blanqueo de capitales y delitos fiscales en torno a un despacho de abogados ubicado en la localidad malagueña de Marbella, tras aplazarse el inicio del juicio la pasada semana para estudiar más documentación.

Así, en la primera sesión del pasado lunes, las acusaciones -Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado-, pidieron la suspensión de la vista oral, ya que una defensa había presentado nuevos documentos que debían ser analizados. Además, otros letrados también aportaron en ese momento documentación adicional.

La fiscalía acusa a un despacho de abogados de crear una red para evadir impuestos

El Tribunal acordó entonces aplazar el juicio hasta este martes para garantizar el derecho de las partes. Inicialmente, la Sala quiere celebrar la vista oral en nueve meses, con la previsión de que termine en enero del próximo año 2019.La Fiscalía acusó en su día a 14 personas, aunque finalmente serán 12 los procesados que serán juzgados, ya que dos de ellos se encuentran enfermos. Además, en la causa, hay responsables civiles.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella fue el que se encargó de investigar el caso, cuyas primeras detenciones se produjeron en abril de 2007. Los dos principales investigados inicialmente, que eran el responsable del despacho de abogados, Rafael Cruz-Conde, y un empresario de origen iraquí, fallecieron durante la instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pública de distintos ejercicios, en algún caso desde 2001; y blanqueo, según su escrito provisional. Así, entre los procesados se encuentran letrados del bufete, asesores fiscales y clientes, tanto personas físicas como sociedades, algunas relacionadas con la promoción inmobiliaria y otras con intereses diversos, como la comercialización de productos petrolíferos.

En su acusación inicial, el ministerio público considera que el mencionado despacho de abogados supuestamente proporcionaba al cliente que lo demandara "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos", buscando en algunos casos el fin de "eludir el pago de tributos".

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