El juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos ha archivado una de las partes separadas en que fue dividida la denuncia de la Plataforma de Defensa de la Salud y de la Sierra (PDSS) contra las empresas extractivas, técnicos y políticos, entre ellos el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ignacio Trillo. La acusación hace referencia a que el colectivo considera que la actividad minera ha constituido un delito ecológico en el municipio. Ahora la justicia archiva el proceso de una de las partes acusadas, la empresa Áridos Alhaurín, al considerar que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa".