Un largo camino sin destino

Décadas y décadas vienen escuchando hablar los vecinos de El Palo de la posible legalización de las viviendas que se localizan sobre dominio público marítimo terrestre. Un periodo de tiempo en el que las administraciones públicas se han apresurado a anunciar soluciones inmediatas y definitivas para estas construcciones. El último paso lo dio hace una semana el director general de Costas, José Fernández, quien, si bien no manifestó la seguridad de que la situación jurídica de estas casas sea normalizada, sí informó de la elaboración de un proyecto que permitirá adecuar el frente litoral de este espacio de costa. Una medida que puede abrir la vía legal para solventar las dudas que durante tantos años asaltan a las 400 familias que se encuentran afectadas por esta incertidumbre.

Sin embargo, dados los antecedentes, las palabras de Costas hay que tomarlas con todas las precauciones. La llegada al Gobierno central del PSOE abrió unas expectativas entre los afectados que finalmente no se han visto cumplidas. En mayo de 2004, el entonces responsable de Costas en la provincia, Juan Carlos Fernández Rañada, se comprometió a retomar el paralizado expediente de deslinde para sacar estos inmuebles del delicado escenario en el que se encuentran. Pero la intención sigue, cuatro años después, en suspenso.

Algunos meses después, en diciembre de 2005, la secretaria general del PSOE y portavoz municipal de esta formación en el Ayuntamiento de Málaga, Marisa Bustinduy, informó del acuerdo alcanzado con la Dirección General de Costas para que a lo largo de 2006 las viviendas fuesen legalizadas. Y el intento, de nuevo, ha quedado en nada.

Todo ello en un contexto en el que la amenaza de la piqueta ha estado presente siempre. En los últimos años, los técnicos redactores del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad plantearon en el documento la demolición de algunas viviendas para "esponjar" el barrio y permitir la construcción de equipamientos. La medida provocó una importante protesta por parte de los vecinos, que obligó al alcalde, Francisco de la Torre, a dar marcha atrás en la iniciativa y dejarla sin efecto. A día de hoy, el planteamiento municipal no es otro que acordar con los residentes de la zona aquellas iniciativas necesarias para dignificar las condiciones del barrio.

Y la última sombra vino de la mano del Ministerio de Medio Ambiente. Los primeros borradores de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, documento elaborado para analizar y plantear actuaciones en el litoral, incluían la necesidad de derruir las 400 casas de El Palo y Pedregalejo que se encuentran en situación ilegal. La filtración de estas conclusiones hizo que los responsables de Costas rechazasen cualquier intervención drástica en esta zona de la capital y se apostase, por enésima vez, por buscar soluciones de legalización.

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