SON ya varios los años de andadura de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Situación de Dependencia, más conocida como la ley de la dependencia, y es que tras estos años, los que al comienzo pronosticamos ciertos errores de planificación de la misma, vamos recogiendo datos que ratifican nuestros temores iniciales. En esta ley, como todos sabemos, mediante un catálogo de recursos preestablecido y con un decreto de baremación de la situación de dependencia, son beneficiarios del sistema aquellas personas mayores o con discapacidad que acrediten la necesidad de algunos de los servicios que ofrece la ley.

Se planificaba una implantación gradual del sistema hasta el año 2015 aproximadamente, donde en función de la necesidad se catalogaba a los usuarios de la misma en niveles de dependencia, siendo tanto el momento de incorporación, como los recursos ofrecidos, directamente proporcionales al estado de necesidad acreditado por el usuario y en teoría pactados entre estos y los técnicos valoradores.

Hasta aquí estaba todo claro, y en mayor o menor medida, incluso no estando de acuerdo con ciertas planificaciones, pero asumiéndolo por la importante aportación económica que el sistema necesitaba, es comprensible que se graduara tanto su incorporación como que se eligiesen una serie de recursos en función de la filosofía de la ley.

Pero los datos oficiales que se ponen de manifiesto a 31 de agosto de 2010 nos muestran algunos de aquellos temores que manifestamos en su inicio que se calificaron como tremendistas. Actualmente 600.000 personas han sido atendidas por el sistema, de las cuales, mas de 200.000 están en lista de espera para recibir la ayuda a la que tienen derecho.

Sin hacer grandes números esto significa que uno de cada tres usuarios con derecho a un recurso ya reconocido, no recibe esta ayuda hasta después de cierto tiempo, y casa, de manera directa con el motivo no verbalizado por el Ministerio de Política social, cuando hace unos meses hizo desaparecer la Retroactividad de la Ley, y que consistía precisamente en que desde que se le reconocía el derecho, hasta que lo percibía, el usuario de la prestación recibiría el dinero del retraso.

Eso, evidentemente ya no es así, por lo que aunque se haya reconocido un derecho, el beneficiario no reciben nada, creando un agravio comparativo con los cientos de miles de dependientes a los que si se les ha reconocido este derecho. Del total de solicitantes de la ley el 52% son mayores de ochenta años, y el 26% tienen entre 65 y 79 años. Es decir, el 78% de los solicitantes son mayores de 65 años, y el recurso mas solicitado es la ayuda económica para un familiar cuidador, que supone el 50% de las prestaciones que se conceden.

Se pone de manifiesto con estos datos, que la ley que nació con vocación de conseguir cierta autonomía y dignidad para muchos dependientes se ha convertido en una ley de cuidado para nuestros mayores, no solo condenándolos a sus casas con este tipo de recursos, sino que además, estamos contribuyendo a la consolidación de un empleo que percibe un salario incluso inferior al salario mínimo interprofesional, y todo esto sin mencionar el estancamiento en las plazas residenciales y de centros de día, por escasez de las mismas y por poco interés de los usuarios frente a la paga del cuidador.