El plan de liquidación de Aifos plantea acabar promociones para venderlas

  • El documento está en manos del juez, que tendrá que aprobarlo, pasado el plazo de observaciones

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Los administradores concursales de Aifos han planteado para la liquidación de la empresa la venta de sus activos por bloques. Dado que la mayor parte del patrimonio se corresponde con promociones inacabadas o pendientes de acondicionar para su venta, la propuesta pasa por terminarlas, aunque para ello haya que recurrir a nuevos créditos, y vender a un mismo comprador la promoción completa. Los compradores que pagaron una cantidad para adquirir una vivienda y que aún estén interesados en adquirirla, podrán manifestarlo por si existe posibilidad de asignarle el mismo inmueble. El plan de liquidación ha sido presentado ya en el Juzgado de lo Mercantil número 1. Ahora se abre un plazo de 15 días en el que el propietario de la empresa, Jesús Ruiz Casado, y los acreedores podrán presentar observaciones o modificaciones, para proceder después a su aprobación por parte del titular del juzgado.

La Ley Concursal establece prioridad a la venta unitaria de la empresa, enfocada sobre todo al mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo posible, pero la administración concursal lo considera inviable para este caso, dado el volumen y complejidad de los activos de la promotora, el desprestigio de la marca Aifos y la desaparición de su cartera de clientes.

A excepción de los inmuebles afectados por ejecuciones hipotecarias, plantea "la venta conjunta de todos los inmuebles que conforman una promoción" a la mejor oferta presentada. Para ello se propone la negociación con las entidades financieras para que las viviendas pueden sacarse a la venta en "condiciones de habitabilidad y sobre unos precios previamente consensuados". Los administradores le piden al juez que les conceda libertad para negociar con los bancos que asuman nuevas cargas hipotecarias, con los que acordará el precio final de comercialización de las viviendas, trasteros y garajes.

El plan para la venta de las promociones contempla además de la operación directa de las promociones completas, procedimientos de venta asistida, la dación en pago y la subasta notarial, fases todas ellas que se podrán simultanear, con el fin por ejemplo de alcanzar acuerdos de dación en pago consistentes en la entrega de promociones, terrenos y solares en pago de préstamos hipotecarios.

Con el objeto de definir el interés de los compradores de pisos que entregaron dinero a Aifos por un piso que aún no han recibido, la administración concursal establecerá un plazo de tres meses para que éstos manifiesten su "su voluntad de mantener vigentes sus contratos", pudiendo negociar el precio en caso de que los acuerdos con los bancos lo permitan. Si se consigue una disminución del precio inicial pactado en beneficio del cliente, "deberá producirse una quita de al menos un 50% del crédito correspondiente a las cantidades inicialmente entregadas a cuenta a fin de compensar el beneficio obtenido".

En referencia al poco personal que aún mantiene la empresa, la insuficiencia de tesorería, expone el plan de liquidación, impide atender puntualmente al pago de las deudas tributarias y las nóminas. La administración concursal promueve un Expediente de Regulación Empleo (ERE) que afecta a la totalidad de la plantilla.

Con respecto al mobiliario de los hoteles Guadalpín Banús y Marbella y los apartamentos turísticos Bahía Golf, el problema radica en que no se han podido inventariar, dado que en algunos casos están en inmuebles propiedad de la concursada y en otros no, o están explotarlos por terceros. Para estos estima su conservación hasta realizar las gestiones oportunas con los propietarios de los inmuebles o sus explotadores.

Los administradores recuerdan en el documento que la actividad de Aifos en los más cinco años que se ha alargado el concurso se ha desviado "de lo que resulta su objeto social", centrándose en otros como son la preparación de procedimientos judiciales. Jesús Ruiz tiene varios frentes abiertos en el terreno judicial, entre ellos la condena a 3 años de cárcel y una multa de 2,2 millones de euros por el caso Malaya, pendiente de que se declare firme por el Tribunal Supremo. Resalta también la búsqueda poco fructífera de adhesiones para el convenio que presentó dirigido a salvar la empresa y que finalmente no llegó ni a debatirse. La consecuencia ha sido la paralización de las promociones en curso o el acondicionamiento de las ya terminadas para su promover su venta.

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