Unas horas después de anunciar una reforma educativa, para algunos una "cortina de humo" con la que ensombrecer problemas mayores, lo que surgen son multitud de dudas del cómo y cuándo se van a acometer los cambios. El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, ya se preguntaba la pasada semana si el ministerio había realizado un serio estudio sobre el impacto económico que supondrían estas modificaciones y las necesidades de infraestructura y capital humano que tendrían que llevar aparejadas. "Nos surgen muchas dudas, dudas sobre cómo se va a llevar a cabo, cuándo se va a dar el título, cómo se pueden adaptar los centros", subrayaron ayer desde UGT. "El profesorado está muy preocupado, porque no sabe por dónde va a salir, hay mucho que tratar y aún no se sabe nada", comentaron desde Comisiones Obreras. Aún no se sabe si los centros exclusivos de Secundaria podrán asumir al menos dos ramas de Bachillerato para ese primero obligatorio, o si el título se dará al terminar el tercer curso y se otorgará otro certificado al finalizar la enseñanza obligatoria.

"Por cada aula que desaparezca de cuarto tienen que poner tres o cuatro clases de Bachillerato porque hay dos modalidades distintas en cada centro", aseguró ayer Teresa Blanca. Tampoco se ha hablado de cómo se adaptará el profesorado a la nueva realidad y qué podrán hacer los alumnos que estén entre los dos planes, el antiguo y el nuevo. En una época de recortes, surgen incógnitas sobre la financiación con la que se harán estas reformas y si estos cambios son realmente la solución al problema. Algunos consideran que elegir antes el itinerario formativo hace que los alumnos estén más motivados, otros que se generan desigualdades y que la pretensión es quitarse de en medio a los alumnos problemáticos un año antes.

Otra de las preocupaciones que muestran responsables sindicales es que "esto conlleve concertación de los Bachilleratos privados y con eso no estamos de acuerdo", dijo ayer Ramoni Ruiz. "Estamos hablando de cuestiones muy grandes y creemos que el ministro debe decir cómo se va a articular", añadió. Otros, como APIA, lo tienen más claro y aseguran que "en la enseñanza se despilfarra tal cantidad en proyectos, planes y bobadas que lo que hace falta es gestionar con sentido común y con una finalidad razonable".