Juan Antonio Roca y su otrora aliado Andrés Liétor se enfrentaron ayer a cara de perro en un careo que sirvió para visualizar cómo se ha resquebrajado el núcleo duro del exgerente de urbanismo de Marbella.

Los empresarios Andrés Liétor y Carlos Sánchez llegaron a Marbella nada más arribar el GIL y hasta su detención en 2006 al frente de CCF21 hicieron operaciones de suelo millonarias por las que obtuvieron ganancias millonarias. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que ambos funcionaban en connivencia con Juan Antonio Roca que les allanaba el camino para obtener permisos municipales unas veces a cambio de dinero contante y sonante y otras abordando con ellos negocios en participación. En conjunto, el Ministerio Público afirma que abonaron 6,8 millones de euros al exasesor de urbanismo.

Ahora los tres están enfrentados. Liétor acusó a Roca de haber mentido al tribunal del caso Malaya al afirmar que había participado en una operación con dinero de su bolsillo para asumir las cargas que arrastraban unas parcelas que el Ayuntamiento había permutado a CCF21, a condición de participar al 33% en los beneficios.

El promotor negó haber tenido negocios con Juan Antonio Roca y lo acusó de haberse inventado una versión a medida para protegerse de las consecuencias penales de la confesión del empresario Ismael Pérez Peña, que en noviembre reconoció que había pagado un soborno de 180.000 euros al exasesor de urbanismo. A partir de aquel día Roca admitió que los papeles de Maras eran, como decía el fiscal, su contabilidad secreta en la que anotaba los fondos que recibía de empresarios y los sobornos que pagaba a los concejales.

Liétor sacó incluso a colación que Roca ha tratado de manipularlo. Afirmó que a través de su abogada le hizo llegar un mensaje para que supiera que "las cosas habían cambiado", con el fin de que él "dijera lo mismo". No obstante, el exasesor de urbanismo precisó que no le fue "fácil contar lo que conté. Me he tirado seis años pensándolo" y si le avisó a Liétor de los cambios de su estrategia fue sólo para que se defendiera.

Este rifirrafe provocó también la reacción de la letrada Rocío Amigo quien se quejó primero de que el contenido del careo abarcara la estrategia defensiva de su cliente y después catalogó de "absolutamente falso" que en la reunión que mantuvo con Andrés Liétor y su abogada tratara de cerrar con él una lectura de los hechos dirigida a salvar el patrimonio de Juan Antonio Roca remontándolo a negocios prescritos que ni siquiera forman parte de la causa.

Roca trató de darle verosimilitud al contenido de su declaración, instándole a que explicara por qué si no habían tenido negocios en común la Policía halló en sus oficinas documentos que coincidían con las anotaciones que él había realizado en su contabilidad secreta, intervenida por los investigadores en las oficinas de Maras Asesores.

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