Las 'ofertas' para luchar contra las cláusulas suelo asfixian más los juzgados

  • En solo un mes los dos Mercantiles han recibido el volumen de asuntos que les corresponde para todo un año, la mayoría, demandas contra los bancos

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Hace unos cuantos años pocos conocían lo que significaba el término cláusula suelo. Eran los años anteriores a la crisis, en los que el Euríbor, valor por el que se rigen los préstamos hipotecarios de interés variable, cotizaba al alza. Hasta que el Euríbor empezó a caer y quien tenía su casa hipotecada en ningún caso lo vio reflejado en sus pagos mensuales al banco, asfixiando a unos ciudadanos que empezaban a sufrir las consecuencias de los malos momentos económicos del país. Los clientes se informaron entonces de que se les estaba cobrando, las llamadas cláusulas suelo, un tipo de interés aplicable en caso de que el Euríbor cotizara demasiado a la baja.

Llegaron las reclamaciones, las quejas y en 2013 una sentencia firme del Tribunal Supremo en la que condenaba a tres entidades financieras a eliminar esas cláusulas, al considerar que no habían informado de una forma clara a sus clientes en el momento de la firma del préstamo hipotecario, por lo que se consideraban abusivas. La demanda colectiva fue presentada por la asociación de consumidores de banca Ausbanc, que seleccionó un banco, una caja y una cooperativa para no dilatar la sentencia firme, que aún se demoró dos años desde su presentación. Las tres, BBVA, Nova Caixa Galicia y Cajamar, acataron la sentencia y las eliminaron de los contratos de sus clientes. Pero el resto de cajas de ahorro y bancos aún se resisten a eliminar esa cláusula, a pesar de que prácticamente todas tienen ya alguna sentencia firme -de demandas presentadas por particulares- que les ha obligado a hacerlo. Por lo que la única vía posible para quien pretenda dejar de pagar más intereses que el valor del Euríbor es la judicial.

La situación se tradujo inmediatamente en un incremento de las demandas por cláusulas suelo contra los bancos, colapsando lo ya de por sí saturados Juzgados de lo Mercantil. Ausbanc calcula que en la provincia al menos 80.000 familias se han visto afectadas por la aplicación de esta cláusula. Y ahora que las sentencias judiciales empiezan a dar la razón a los clientes, obligando no sólo a los bancos a eliminar la cláusula sino que además deben abonar las cantidades cobradas de más derivadas de su aplicación, los que aún no se han atrevido se lo están pensando y lanzando, siempre que puedan permitírselo. Entran en juego entonces los bufetes de abogados con sus ofertas.

Una simple búsqueda en internet ofrece un dato revelador. Con las palabras "abogados cláusulas suelo Málaga" aparecen en el buscador unas cuantas referencias promocionadas -anuncios pagados- en las que despachos de abogados ofrecen desde una primera consulta gratis para informarse hasta gastos cero por la tramitación de la demanda y compromiso de cobro únicamente si la sentencia es favorable. Por poner algún ejemplo, Martínez Echevarría oferta la representación "para la eliminación de su cláusula suelo y la recuperación de las cantidades pagadas en exceso sin que usted tenga que adelantar honorarios ni gastos. Sin trampa ni cartón". Una promoción que está disponible hasta el 28 de febrero para demandas en la provincia de Málaga, donde se están dictando más sentencias favorables a los clientes de banca. De ahí que aseguren "un 98% de éxito". "Hemos decidido dar un paso más en la defensa de los afectados que, por el miedo a perder, o por no poder hacer frente a los gastos que conlleva, no se atrevían a iniciar un proceso judicial", explican en su anuncio.

En el caso de Ausbanc el cliente únicamente tiene que hacerse socio de la asociación de consumidores -15 euros al mes- y abonar la tasa judicial. Si únicamente se consigue la eliminación de la cláusula, los abogados no cobran un solo euro. Si también se gana la devolución de los intereses pagados de más, los honorarios son del 20% sobre la cantidad recuperada. Teniendo en cuenta que las tasas judiciales para este tipo demandas suponen algo más de 300 euros y que a cambio se pueden recuperar algunos miles pagados de más desde que el Euríbor cotiza a la baja, la demanda judicial contra una entidad financiera que se niega si quiera a anular la cláusula se hace más que apetecible. Pero advierte el letrado y delegado de la asociación en Málaga, Alfredo Martínez, de que es necesario analizar cada caso en particular para comprobar si se cumple el principio de falta información en su aplicación en el momento de la rúbrica del préstamo hipotecario y de que el cliente ha de ser consciente de que el proceso judicial puede demorarse incluso más de dos años dado el colapso que sufren los dos juzgados de lo Mercantil de Málaga. Las primeras demandas que interpuso la asociación se resolvían en una media de seis meses, un plazo que se ha cuadruplicado en la actualidad. Martínez lamenta que los bancos que no han sido directamente condenados por el Supremo no hayan tomado la decisión de aplicar la sentencia en sus contratos hipotecarios, aún a sabiendas de que han aplicado la cláusula suelo en los mismos términos que las entidades que sí han sido condenadas. Lo que obliga a tumbarlas individualmente en los juzgados.

A principios de esta semana, cuando el mes de febrero del nuevo año estaba recién estrenado, los funcionarios del Mercantil 1 habían recibido ya una cantidad de asuntos judiciales correspondiente al volumen que pueden asumir en todo un año -de acuerdo con el personal asignado-, 399 casos. En el número dos estaban a escasos días de que la situación fuera la misma. Los magistrados al frente de ambos juzgados coincidían al afirmar que el colapso es algo habitual, pero que hasta el momento ningún año habían superado esta cifra en tan solo un mes. A lo recibido, hay que añadir los asuntos pendientes de resolver, por lo que los juicios se están señalando ya para el año 2017. Del total de casos, ambos estiman que el 80% de los que están llegando son demandas contra entidades financieras por las cláusulas suelo.

Faltan aún por conocer los datos de la memoria de los juzgados malagueños del año 2014, el juez decano de Málaga, José María Páez, la está redactando en esto momentos. Pero una primera estimación acerca el número de asuntos recibidos el pasado ejercicio relativos a cláusulas suelo a los 2.000. Una cifra que es la equivalente al total de casos que se ingresaron en todo el 2009, un año en el que ya se había creado un segundo juzgado de lo Mercantil como refuerzo por la saturación que sufría el primero. En 2010 continuaron con volúmenes por encima de sus capacidades, por lo que se asignaron dos magistrados más, aunque sin un incremento proporcional de la plantilla de funcionarios para darle trámite a los asuntos que llegan. Por lo que llegados ya a 2015, con un importante crecimiento de demandas contra bancos, la situación se está recrudeciendo.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de la Justicia (STAJ) solicitaba esta misma semana a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía la creación de nuevos juzgados de lo Mercantil en toda la comunidad autónoma, además de un complemento retributivo para el personal de éstos por la acumulación de asuntos y la carga de trabajo que soportan en consecuencia. El portavoz andaluz del sindicato, Juan Antonio Luque, comenta que la entrada de casos relacionados con cláusulas suelo están creciendo de manera exponencial en los dos juzgados malagueños, "por lo que se prevé que el atasco sea mayor". De hecho esta misma semana, el 4 de febrero, afirma que se recibieron 200 demandas por este motivo. "Se están cuadruplicando las cargas máximas de trabajo en cada uno de los dos órganos mercantiles, por lo que parece lógico pensar que mantener la misma plantilla de funcionarios y aumentar tan solo un juez en cada juzgado es hacer una operación de lavado de imagen sin tener en cuenta la realidad". "Se necesitan un mínimo de 2 o 3 juzgados más de esta materia para dar una respuesta mínimamente decente a los ciudadanos", sentencia. Luque explica que los señalamientos para la audiencia previa se están haciendo para junio de 2017. La audiencia previa es el acto en que se proponen pruebas y documentos y se intenta que banco y cliente adopten un acuerdo. Pero no suele dar resultados positivos, por lo que hay que señalar una nueva fecha para el juicio, esperar la sentencia y los posibles recursos ante la Audiencia Provincial antes de tener una sentencia firme. Un proceso que estima se puede alargar dos años más.

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