Que una familia aproveche la ocasión para ocupar de forma ilegal una vivienda suele provocar la reacción furibunda del propietario. Son episodios que suelen acabar con una orden judicial forzando el desalojo y, llevado al extremo, con la Policía Nacional sacando a los inquilinos. Pero eso no siempre ocurre. Una muestra de ello es lo que va a hacer la Diputación provincial de Málaga, que va a normalizar la ocupación de uno de sus pisos en la capital.

La institución provincial tiene previsto acordar hoy una resolución mediante la que se le concede a la familia okupa la posibilidad de regularizar su situación mediante el pago de un alquiler. El paso cuenta con los parabienes de los servicios técnicos, que, tras atender las alegaciones formuladas por la pareja implicada, valoran esta opción como la más adecuada. "Se trata de evitar que la vivienda quede libre", explica la vicepresidenta de la institución, Francisca Caracuel, quien considera que el "lanzamiento de estas personas no va a beneficiar a la Diputación". "Damos por hecho que de otro modo la vivienda volvería a ser ocupada; hay que valorar la voluntad de regularización de esta pareja y no parece que sea deseable proceder al lanzamiento de estas personas", añadió.

El origen de este poco habitual procedimiento, al que se dará luz verde en la Comisión de Especial de Cuentas, tiene su origen en mayo del año pasado, cuando la hija del que fuera el último inquilino legal de la vivienda, situada en la Plaza Cigarrales, hacía llegar un escrito a la Diputación informando de la entrega de las llaves de la misma y de que el piso "había sido ocupado por violencia en sus protecciones de seguridad a martillazos". Ante tal aviso, la institución requirió a los ocupantes ilegítimos para que desalojasen la vivienda, llegando a remitir comunicaciones en tres ocasiones. En todos los casos se les avisaba de la necesidad de abandonar la casa en un plazo de diez días, advirtiéndoles de la posibilidad de emprender acciones administrativas y judiciales si no atendían a sus requerimientos.

Lejos de asumir el mandato, los inquilinos enviaron un escrito el 14 de junio del año pasado en el que explicaban que pasaron a ocupar el piso después de que el 1 de mayo pasado, encontrándose en la casa de unos familiares, en el mismo bloque, "escuchamos un estruendo y al asomarnos nuestra sorpresa fue que los gorrillas de la zona estaban intentando a patadas abrir la vivienda; cuando nos percatamos ya habían roto la puerta y logramos desalojarlos".

En la misma contestación informan de que están reformando en el inmueble "dentro de nuestras posibilidades". "Los que suscribimos sólo contamos de unos ingresos de 600 euros entre los dos", precisan, reclamando al final: "tenga a bien permitirnos la ocupación legal de la mencionada vivienda, asumiendo los costes que deriven de un alquiler justo, así como de los gastos que origine la citada vivienda, como agua, basura, saneamiento y luz escalera".

La reacción de la Diputación fue la de aprobar un decreto (3 de agosto) acordando el inicio el procedimiento de recuperación de la vivienda, volviendo a requerir el desalojo de la mima. Pasados cuatro meses, el 2 de diciembre, se dio audiencia a la pareja afectada, que entregó diversa documentación.

Ante esta circunstancia, la institución, "a la vista del riesgo de igual ocupación ilegal se estime conveniente resolver el procedimiento incoado en el Decreto instando la nueva regularización vía alquiler". Para justificar la medida que finalmente se adoptará, se alude a la presunción de buena fe de la ocupación, lo que fundamenta "la excepcionalidad directa de la adjudicación propuesta", cumpliendo la Diputación la finalidad de rentabilizar los bienes patrimoniales.