Málaga

El olor de las andaluzas llega al Pleno municipal

  • Las cinco mociones del PP, dos de ellas urgentes, critican la labor de la Junta de Andalucía

La proximidad de las elecciones andaluzas del 25 de marzo empieza a sentirse y mucho en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Y lo hace de la mano del equipo de gobierno del PP que, como muestra, optó ayer por utilizar todas las mociones que puso sobre la mesa, dos de ellas de carácter urgente, para cuestionar la labor del Gobierno andaluz y denunciar el incumplimiento de parte de sus compromiso con la ciudad. El gesto fue catalogado por los grupos de la oposición de "electoralista", término rechazado por la portavoz popular en el Consistorio, Carolina España, quien llegó a acusar a los socialistas de poner "los intereses partidistas por encima de los de la ciudad".

De las acciones planteadas por el Ejecutivo local llamó la atención una iniciativa en la que volvió a pedir a la Administración regional que provincializase el presupuesto de 2012 para Málaga, siendo ésta la segunda ocasión en la que hace esta reclamación, tras aprobar una moción similar el pasado mes de diciembre. Esta moción, de carácter urgente, acabó contando con el aval del PSOE e IU tras la inclusión de una enmienda. "La presentan a las puertas de las elecciones autonómicas, quizá esperando una palmadita de Javier Arenas por su contribución", se quejó la portavoz del PSOE, María Gámez.

La moción, acordada por unanimidad, aboga por pedir al Gobierno regional que concrete los plazos y los compromisos de inversión en el municipio, aclarando el futuro de proyectos básicos el auditorio de música, al Vial Metropolitano Distribuidor Oeste, a la reurbanización de Carretera de Cádiz y al nuevo hospital en la zona este, entre otros. Ante la petición de la oposición, España aseguró que el Ayuntamiento será "beligerante" con el Gobierno central.

Otra de las iniciativas estaba vinculada al escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo gestionados por la Junta, solicitando al Consejo de Gobierno que inicie los expedientes de responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal que hayan causado daños a la Hacienda andaluza.

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