La oposición arremete contra De la Torre por la multa por el wifi

  • PSOE e IU critican que el equipo de gobierno no haya cumplido con la ley y le achacan "la mala imagen que da"

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Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga arremetieron ayer contra el equipo de gobierno del PP tras la sanción de 300.000 euros impuesta por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) por no haberse inscrito como operador para su red de acceso gratuito a internet con tecnología wifi. Tanto PSOE como IU insistieron en que la ley está para cumplirla y lamentaron que la ciudad dé "esa imagen tan bochornosa". El portavos del grupo municipal de IU en el Consistorio, Pedro Moreno Brenes, criticó que el sexto municipio de España no conociera de antemano los pasos que había que dar para ofrecer el servicio gratuito de internet conocido como la Red Biznaga y se preguntó "dónde han estado los asesores millonarios en ese asunto y de que han servido tantas reuniones con el Club Málaga Valley a aparte de para hacerse la foto".

Tampoco entendió porque el equipo de gobierno del PP ha anunciado su intención de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la CMT cuando se trata de una "prouesta de sanción sobre la que sólo cabe presentar alegaciones". La misma indignación mostró ayer el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Fuentes, ante la actitud del equipo de gobierno del PP para seguir adelante con la iniciativa a pesar de que "se le ha recordado reiteradamente que estaba incumpliendo con la normativa".

Lo más negativo de este asunto, señaló, no es la mala imagen que ofrecerá la capital sino que "al final serán los malagueños los que tengan que pagar". En su opinión, hubiera sido mucho más fácil si el PP "hubiese pedido a uno de los operadores que integran el Málaga Valley que hubiera patrocinado la idea en lugar de hacerlo por su cuenta". Aún así, el equipo de gobierno alega que el acceso a internet que ofrece está dentro del régimen de autoprestación y que se basó en una consulta que realizó a la CMT en abril de 2008 para asegurarse de su adecuación a la legalidad. Ésta, cambio, entiende que se está cometiendo una infracción administrativa y que no se tuvieron en cuenta las recomendaciones facilitadas.

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