El grupo de Ciudadanos en la Diputación de Málaga anunció ayer en el Pleno ordinario de la institución que llevará tanto a la Fiscalía como a la Cámara de Cuentas las contrataciones del Área de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, dirigida por Marina Bravo, con la empresa del hermano de su pareja y en la que también trabaja éste. A esta medida se sumaron el PSOE, que llevaba una moción solicitando llevar este asunto a la Fiscalía; IU Para la Gente y Málaga Ahora. El PP votó en contra y consideró una "irresponsabilidad" el paso anunciado, teniendo en cuenta que aún no ha finalizado el expediente interno.

La reacción del socio de investidura del PP en el ente supramunicipal se produce después de que el pasado lunes se conociese el informe de la Secretaría General sobre este asunto. En el mismo, no se no concluye claramente si hay o no conflicto de intereses por parte de la diputada popular, pero sí se sostiene que el área debería haber pedido más ofertas a otras empresas e instaba a abrir un procedimiento contradictorio para dar audiencia a Bravo y que sean los servicios jurídicos de la institución los que se pronuncien.

El portavoz de la formación naranja, Gonzalo Sichar, anunció durante la votación de la moción del PSOE, que "mañana mismo" acudirá a la justicia. Además, aseguró que llevarán el caso a la Cámara de Cuentas y justificó su planteamiento en que "no sólo no hay duda de la falta de ética sino que empiezan a aparecer serias dudas sobre la legalidad" de las contrataciones. A su juicio, el procedimiento contradictorio solicitado por la secretaria general al equipo de gobierno, y que ya se puso en marcha, "es muy insuficiente y quien se debe pronunciar es la Fiscalía". "No habrá una resolución más clara que la Fiscalía y creemos que no sólo la Fiscalía sino la Cámara de Cuentas tiene que tener información de todo esto", dijo.

En este contexto, la diputada Marina Bravo tomó la palabra y defendió su gestión. Respecto a los reparos que fueron criticados por el PSOE, dijo que no son dos sino siete pero están "dentro de la normalidad". "Ni he elegido a ninguna empresa ni he hecho encargos en once años y se lo voy a demostrar", espetó, añadiendo que lo que quiere el PSOE es "desprestigiar al equipo de gobierno".

"Yo confío plenamente en el jefe de servicio y en sus informes de idoneidad y es la persona que hace la adjudicación del gasto; yo firmo un trámite previo. Es un funcionario público, de lo mejor", sostuvo la diputada, quien señaló que en 2017 en el Área de Medio Ambiente hubo 18 expedientes de reparo frente a los 2.018 realizados en seis meses de 2011 con un gobierno de PSOE.