El parón del plan para rehabilitar el centro deja indefensos a los promotores

  • Empresarios que pretendían construir edificios de viviendas critican la falta de información sobre el macroproyecto de Obras Públicas para recuperar los arrabales y la descoordinación con el Ayuntamiento. El plan lleva 3 años bloqueado

Comentarios 5

Alain Salvador, Pierre Loyau y David Castellón son promotores con dos elementos en común: el deseo de intervenir en el centro histórico y el ser víctimas de la paralización que a fecha de hoy acumula el plan diseñado por la Junta de Andalucía para rehabilitar los arrabales del casco antiguo. Éste preveía la construcción de 600 viviendas de protección oficial (VPO) y una inversión de unos cien millones de euros. Sobre ellos recae un expediente de expropiación impulsado por la Administración autonómica y por el Ayuntamiento de la ciudad en el marco de un macroproyecto iniciado en agosto de 2005 y del que a estas alturas, casi tres años después, sigue sin haber noticia alguna.

El testimonio de estos tres empresarios que se consideran "engañados" por las instituciones públicas y de las que dicen no han constatado voluntad de alcanzar un acuerdo que les permita avanzar en las actuaciones que habían proyectado en esta zona de la ciudad. La paradoja del asunto radica precisamente en que, a pesar de que sus fincas o edificios están marcados en rojo desde agosto de 2006, la Gerencia de Urbanismo había tramitado con absoluta normalidad cada una de las actuaciones planeadas por estos promotores en las parcelas amenazadas de adquisición. Y ello a pesar de que el acuerdo entre administraciones existe desde agosto de 2005.

Es el caso de David Castellón, responsable de la empresa Centro Histórico 2002, S.L., quien hace varios años asumió el reto de construir en el corazón de la ciudad. Para ello adquirió varias fincas y solares en las calles Alta y Postigo, por una extensión de 900 metros. Su idea era levantar un edificio con entre 49 y 51 apartamentos, a los que se sumarían 120 plazas de aparcamiento. Hasta hoy no ha podido poner una sola piedra.

Sin embargo, la imposibilidad de actuar en estos puntos no le fue anunciada de un día para otro. De hecho, según relata, Urbanismo le autorizó en octubre de 2005, dos meses después de la firma del acuerdo con la Junta, a demoler las viviendas que había adquirido. En febrero de 2006 inició la tramitación del estudio de detalle necesario para iniciar las actuaciones, encontrándose con la sorpresa en junio de ese mismo año de que el Ayuntamiento le informaba de que sus parcelas habían sido incluidas para expropiar. E incluso en este contexto, Castellón afirma que ha conseguido la aprobación del citado estudio de detalle por silencio administrativo, "algo raro si las administraciones tienen intención de quedarse con mis solares".

"En 2001 nos daban palmaditas cuando entrábamos en el registro de solares para comprar suelo en el centro. Siempre se ha vendido la idea de que el privado debía intervenir en esta parte de la ciudad y un buen día un señor pintorrea donde tienes un solar y cuando pides licencia te dicen que te van a expropiar. ¿Quién va a invertir en estas condiciones? Es peor que Bolivia", dice Castellón, para quien la situación del casco antiguo en estos momentos es de paralización.

La posición de este promotor, no obstante, no es contraria a la actuación de las administraciones públicas. Pero considera que la misma debe ceñirse a aquellos casos en la que los empresarios eludan su labor. "Me parece lógico que el Ayuntamiento o la Junta actúen en aquellas zonas donde no se hace nada, caso de Trinidad Perchel. Pero si tienen suelo para intervenir, que lo hagan, no necesitan coger el suelo de nadie", critica, al tiempo que denuncia "la indefensión" en la que se encuentran muchos propietarios en este escenario. "Nos están arruinando", apostilla.

En su caso, dice que la promoción de viviendas que proyectaba estaría en estos momentos a un 60 por ciento de ejecución. En esta tarea ha invertido en torno a 900.000 euros, y tenía previstos otros tres millones para la edificación y el pago de impuestos. Lo que más le indigna es la ausencia de respuesta por parte de las instituciones. "Hemos propuesto como salida la posibilidad de hacer en estos solares algún tipo de vivienda a precio tasado para jóvenes y que sea la administración la que las venda. Seguimos esperando", apunta y añade: "Si de lo que se trata es de rehabilitar, estamos dispuestos. Lo que no podemos es ponerlo todo y que ellos nunca hagan nada".

La misma inseguridad de la que habla Castellón es la que constata el arquitecto francés Pierre Loyau. Hace unos años llegó a Málaga con la ilusión de actuar en el centro. "Vine porque pensé que valía la pena apostar por este barrio y ahora estoy pensando en marcharme", admite. Adquirió dos edificios en calle Cabello, números 13 y 15, y pretendía construir nueve pisos.

Durante siete meses, entre mediados de 2005 y principios de 2006, trabajó directamente con los arquitectos de la Gerencia de Urbanismo para delimitar la actuación. "Les enseñé el proyecto y me decían que les parecía muy bien, que era fantástico. Pero estando en París me llamaron por teléfono para informarme de que se preveía una expropiación masiva en el centro. Contesté que eso no era posible, que Urbanismo sabía que iba a actuar en esas fincas. Y desde ese momento nada, ninguna información", se lamenta.

Ante este golpe, Loyau asegura que acudió a la Oficina de Rehabilitación del Centro de la Junta, situada en calle Ollerías. "Les expliqué que mi intención era construir y rehabilitar los edificios, que estaba dispuesto a ajustar el proyecto a lo que pretende la Junta y pregunté por qué me iban a expropiar. No supieron responderme", añade. Al tiempo que subraya el sinsentido de que la Administración quiera quedarse con las fincas en base a los proyectos de las denominadas tecnocasas, que, a su juicio, no son otra cosa que "VPO para ricos". "Eso sólo es un concepto. ¿Es que en este país se puede expropiar en base a un concepto?", se pregunta.

La misma duda tiene Alain Salvador, quien adquirió un solar en Pasaje Meléndez, donde pretendía ejecutar una promoción de seis apartamentos y en los que, según apunta, "la gente ya debería estar viviendo". Desde su punto de vista el problema al que se enfrentan las instituciones es doble: "el tiempo y el dinero". "No es lógico que no exista un plazo determinado para que la Administración pueda actuar. Si quiere expropiar que lo haga, que ponga el dinero y trate de llegar a un acuerdo con nosotros. Pero lo que no es normal es lo que está pasando ahora. Estamos parados desde hace varios años".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios