El Albaricocal, parcela situada en la Sierra de Churriana y sobre la que más ríos de tinta se han escrito en los últimos años en Málaga capital, está en venta. El propietario mayoritario del sector, Ricardo Palma, tiene puesto en el mercado desde hace varios días un techo edificable de unos 14.000 metros cuadrados para uso hotelero o terciario y por el que pide unos 4,9 millones de euros. Aunque como él mismo asegura, "todo es negociable".

Desde la colocación de una gran cartel informando de la puesta en venta del terreno, aseguró a Málaga Hoy, "ya hay un par de familias" que se han interesado por su adquisición. Una de ellas con la previsión de impulsar la construcción de tres edificios de uso hotelero; la otra, con la idea de plantear un cambio de uso del terreno de manera que se le permita la ejecución de un colegio. En cualquier caso, el propio Palma admite que el procedimiento no ha hecho más que comenzar, augurando que aún pasará algún tiempo antes de que se formalice la venta.

El suelo fue objeto de un controvertido acuerdo para permitir que se edificase

"El proyecto está en una junta de compensación donde se aprueban 20.000 metros de techo; nosotros tenemos el 70%", explicó Palma, quien deja clara la disposición de la propiedad a "considerar muy seriamente cualquier oferta que se haga". Sobre el precio que se demanda, unos 350 euros el metro cuadrado edificable, el dueño aseguró que es el valor que le recomiendan los técnicos.

El dueño del terreno asegura que el proceso de enajenación ahora iniciado está al margen del procedimiento judicial abierto hace ahora casi tres años ante las sospechas existentes sobre una posible ilegalidad en el proceso de reclasificación de los terrenos, que fue objeto de un convenio urbanístico entre la parte privada y el Ayuntamiento de la capital.

Se da además la circunstancia de que justamente la persona que negoció ese acuerdo en representación de la propiedad de la parcela, Luis Andrés F., fue detenido e ingresó en prisión de manera preventiva en 2014 por su relación con las armas intervenidas en una operación bautizada por la Guardia Civil como Yedra. En el marco de esta misma intervención, fueron arrestados e imputados dos inspectores de la Gerencia de Urbanismo que, supuestamente habían actuado en connivencia con el promotor de estos suelos.

Precisamente, mientras el Ayuntamiento negociaba con el promotor de El Albaricocal la Gerencia de Urbanismo le habría un expediente por la ejecución de obras ilegales. Esta actuación tuvo lugar en agosto de 2009, cuando la Policía Local observó que en los suelos de la Sierra de Churriana se llevaban a cabo "movimientos de tierras, explanación, extracción de áridos, aperturas de caminos y edificación de varios edificios que se hallaban en diferentes fases de obra". Hubo que esperar a octubre de 2012 para que Urbanismo acordase la paralización de estas actuaciones.

El suelo de El Albaricocal ha figurado históricamente sujeto al plan de protección del medio físico. Sin embargo, con la llegada del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum), buena parte de la finca quedó desclasificada. Esto abrió la puerta a la propietaria para pedir al Ayuntamiento la adaptación del PGOU a esta nueva situación normativa. Ello dio lugar a un primer acuerdo mediante el que el Ayuntamiento permitía edificar sobre 18.000 metros ubicados junto a la carretera, con la condición de que cediera los 350.000 restantes al municipio. La Junta acabó obligando a que 56.000 metros de este suelo se mantuviese como protegido en la Sierra de Mijas.