La presión de la Policía ahuyenta a las prostitutas, que se desplazan a clubes

  • Los agentes han formulado 1.169 denuncias desde la aprobación de la ordenanza que prohíbe el sexo callejero a menos de 200 metros de casas o empresas · El colectivo sigue sin trasladarse al nuevo solar

El miedo a las multas y la presión policial han terminado por ahuyentar a las prostitutas de los polígonos. Un año después de que se aprobara la ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana que prohíbe el sexo callejero a menos de 200 metros de casas o empresas, sólo un grupo reducido de meretrices, mayoritariamente subsaharianas y rumanas, continúan ofreciendo sus servicios en el Guadalhorce. "Prácticamente ha desaparecido y muy pocas chicas se atreven ya a trabajar en esta zona", asegura Daniela, una de las representantes de las trabajadoras del sexo. Un simple recorrido por el polígono a primera hora de la noche de cualquier día lo confirma.

Desde que la ordenanza viera la luz, los agentes de la Policía Local han formulado 1.169 denuncias, la mayoría de ellas a prostitutas, que desde la entrada en vigor del documento se enfrentan a multas de entre 750 y 1.500 euros. Ante esta situación, las trabajadoras del sexo han optado por desplazarse a los clubes de alterne y a las casa privadas. "La Policía nos ha acabado por espantar. Las condiciones en los clubes prácticamente son las mismas, el 50% para el dueño y el otro 50% para la chica", describe Daniela, que, no obstante, se queja de los abusos que siguen sufriendo: "Da igual donde trabajemos porque siempre se aprovechan de nosotros. En las casas, por ejemplo, nos engañan con la publicidad engañosa y luego las condiciones son otras".

Para el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, la Policía Local "únicamente" está cumpliendo con lo que dice la ordenanza. "Tras un primer periodo en que no se multó para informar del texto, los agentes están haciendo su trabajo". Para Andrade, la ordenanza ha permitido que la prostitución "prácticamente haya desaparecido" en la mayoría de los puntos del polígono Guadalhorce y en los que aún se ejerce sea "residual". A esta situación también ha contribuido el hecho de que las mujeres que aún continúan trabajando en el polígono no se hayan trasladado a la parcela situada detrás de los desguaces y en la que sí está permitido el sexo callejero. A juicio de las prostitutas, el sitio no reúne las mínimas condiciones. "Nosotros sólo queremos un sitio digno. Esa zona está muy oscura y nos da hasta miedo trabajar. Hasta estamos dispuestas a contratar algún tipo de servicio para sentirnos más seguras porque esa zona es prácticamente una ratonera y la mayoría estamos de acuerdo pese al gasto que conlleva", asegura Andrea, otra de las portavoces. No obstante, a juicio de Andrade, el Ayuntamiento ha hecho todo lo que tenía hacer en esa parcela. "Lo hemos acondicionado, hemos mejorado el acceso y más no podemos hacer", zanja el concejal de Seguridad, que puntualiza que todas las cuestiones relativas a la limpieza de la zona deberán ser competencia de las propias prostitutas.

Las prostitutas optaron por este nuevo emplazamiento después de que se toparan con el rechazo de las administraciones a trasladarse a las dos zonas que inicialmente pusieron sobre la mesa. En un primer momento, el colectivo se decantó por una zona en Arraijanal. Sin embargo, las presiones de los vecinos y del propio Ayuntamiento abortaron el traslado. Dos meses después, las meretrices plantearon la posibilidad de mudarse a una parcela junto a la depuradora, una propuesta que también fue rechazada por el Gobierno andaluz al tratarse de un paraje natural. Tras las dos negativas, las prostitutas aceptaron mudarse a este nuevo emplazamiento situado también en el polígono Guadalhorce, aunque el traslado no se hará efectivo hasta que el recinto esté totalmente acondicionado.

Durante este último año la prostitución se ha convertido en objeto de debate continuo y el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, llegó a plantear la necesidad de que se regularizara. El TSJA llegó a admitir a trámite el recurso contra la ordenanza que fue presentado por el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos.

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