El empresario alicantino Antonio López Belda, principal testigo en el caso Piscinas, en el que se investiga la posible comisión de un delito de cohecho en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Málaga de la concesión de la piscina de Puerto de la Torre, se ha ratificado hoy ante la jueza del juzgado de instrucción número 14 de Málaga en las denuncias que puso de manifiesto en noviembre del pasado año ante la Fiscalía.

En el citado testimonio, López Belda informó de que fue el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, el que le “animó” a participar en el concurso para hacerse con este equipamiento municipal, al tiempo que detalló que le puso en contacto con otro empresario, Enrique Vega, quien a su vez medió para que formalizase una alianza empresarial con Augusto Parody, responsable de la firma Incomar Blue.

No obstante, apenas tres meses después de que se pusiese en marcha la mencionada unión, López Belda rompió dicha relación, alegando que su socio le demandó que aportase dinero a la concesión, cuando no era lo planteado. El empresario alicantino, muy próximo a la familia de Díaz Guirado, ha estado declarando durante casi una hora.

Pero no ha sido el único, puesto que también han sido llamados los concejales socialistas Luis Navajas y María del Carmen Sánchez y un ex trabajador de la piscina. La adjudicación de esta piscina es objeto de un largo listado de denuncias por parte de la oposición municipal, que alegan el incumplimento reiterado del pliego de condiciones que sirvió de base en el concurso, y de quejas por parte de los empleados y proveedores, que denunciaron el impago de ciertas cantidades económicas.