El caso Piscinas, en el que se investiga un posible delito de cohecho en la adjudicación de la concesión de la piscina de Puerto de la Torre, sigue su trámite después de que ayer el empresario alicantino Antonio López Belda ratificase ante la titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga las denuncias que en noviembre del año pasado puso en conocimiento de la Fiscalía. También lo hicieron los concejales del PSOE Luis Navajas y María del Carmen Sánchez, que fueron los acudieron a la Fiscalía con la información que fueron recibiendo durante meses sobre el funcionamiento de la piscina, y un ex trabajador, que llegó a denunciar en su día impagos en los salarios a los empleados y a proveedores.

Durante una hora, el promotor, que formó parte de la unión temporal a la que Urbanismo concedió la explotación del equipamiento, reiteró los extremos plasmados en su declaración ante el fiscal. En la misma, a la que tuvo acceso Málaga hoy, López Belda, muy próximo a la familia del edil de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, no sólo admitió que en 2008 fue el edil del PP el que le "animó" a optar a este concurso, sino que además le presentó a Enrique Vega, quien le puso en contacto con Augusto Parody, responsable de Incomar Blue, con la que formalizó una alianza empresarial.

"Como el declarante carecía de capacidad económica para llevar a cabo el proyecto en solitario, su amigo Manuel Díaz Guirado le presentó a Enrique Vega, quien a su vez le presentó a Augusto Parody, administrador de Incomar Blue, y ambos le proponen formar una UTE", refleja el documento de Fiscalía. El propio López Belda agrega en sus manifestaciones que se mantuvo como administrador de la UTE sólo tres meses, puesto que su socio "le exigía que aportara fondos para el pago de los gastos de la explotación de la piscina e incluso el pago de los salarios de los trabajadores", elemento no contemplado en el acuerdo inicial.

Por este motivo, renunció a su cargo y firmó un contrato a 1 de mayo de 2009 con Parody negándose a participar en la explotación del complejo, manteniéndose en funciones de asesoramiento. Una tarea que, por sus palabras, no llegó a efectuarse "porque Incomar Blue le adeudaba 20.000 euros". En sus manifestaciones ante el fiscal, el empresario alicantino expuso sus sospechas "en que no existía interés de Incomar Blue en la explotación del complejo sino que la explotación servía de base para otros fines".

Ante estos hechos, al parecer, pidió explicaciones a Díaz Guirado, "por la confianza que en él tenía, especialmente sobre la relación de Enrique Vega con la explotación, ya que a pesar de que no pertenecía a ella, cobraba todos los trabajos que se le encargaban y además empezó a conocer la existencia de documentación que acreditaba comunicaciones directas entre la Fundación Deportiva Municipal y la Gerencia de Urbanismo con Enrique Vega, relacionadas con la explotación, adjudicación y otras cuestiones del complejo". Sin embargo, según apuntó, Díaz Guirado negó tales comunicaciones.

El denunciante también puso sobre la mesa en su declaración ciertas dudas sobre la compra por parte del edil de un vehículo todoterreno a Parody, así como sobre la obra de reforma efectuada en su vivienda. En el primero de los casos, hay que recordar que el coche estuvo a nombre del responsable de Incomar Blue 13 meses antes de que se formalizase la transferencia, mientras que en el segundo, los trabajos fueron ejecutados por operariosque, según dijo López Belda, estaban vinculados a una firma de Vega y habían trabajado en la piscina.