Un promotor del caso Malaya afirma que compró suelos a Roca sin saberlo

Roca estaba, pero no estaba. El promotor cordobés José María Enríquez, acusado de pagar dos sobornos que sumaban 288.000 euros, reconoció ayer en el juicio por el caso Malaya que hizo negocios con dos empresas de Juan Antonio Roca pero sin saber que detrás estaba el exasesor de urbanismo de Marbella. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el 30 de agosto de 2000 el Ayuntamiento entregó a Tomás Olivo, dueño del centro comercial La Cañada, unos aprovechamientos urbanísticos para compensar una vieja deuda. Ese mismo día, Olivo vendió los suelos a FNG, una sociedad de Juan Antonio Roca que, a su vez, se los vendió dos meses después a José María Enríquez por 1,2 millones. Según el fiscal, el promotor cordobés aceptó en ese acuerdo entregar a Roca el 30% de los beneficios que obtuviera.

Aunque se trataba de una finca calificada como suelo verde en el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella de 1986, el Ayuntamiento permitió a Enríquez levantar 61 viviendas en la urbanización Casablanca Beach. El empresario ha negado que los hechos se desarrollaran en estos términos y que él realmente fuera consciente de que estaba haciendo negocios con Roca. De acuerdo con su versión compró la parcela de Casablanca Beach sin saber que FNG era Roca (en realidad la sociedad era administrada por uno de sus abogados) y jamás fue un negocio en participación. Simplemente tuvo que indemnizar a Obarinsa (sociedad vinculada al también procesado Javier Arteche) porque tenía una opción de compra sobre los suelos.

Además, subrayó que el planeamiento que tenía en marcha el GIL, y que jamás llegó a ser de aplicación legal, le permitía construir en la finca. Una vez edificadas las viviendas tuvo problemas para que le concedieran la licencia de primera ocupación. La Fiscalía sostiene que ese fue el motivo de que pagara a Roca 288.000 euros porque así podía conseguirla por silencio administrativo. El promotor, sin embargo, afirma que fue un juzgado quien le reconoció el silencio administrativo.

Una vez que Juan Antonio Roca ha admitido durante el juicio del caso Malaya que los archivos de Maras, en los que aparecen las iniciales de promotores y concejales junto a determinadas cifras, son, como afirmaba el fiscal, su contabilidad secreta, los promotores se ven en la tesitura de tener que dar explicaciones justificativas de las sumas que se les atribuyen. En este caso, Enríquez ha precisado al tribunal que preside el magistrado José Godino que las sumas de 235.000 y 53.000 euros coinciden en el tiempo con las cantidades que entregó por la opción de compra a Condeor de un hotel en Murcia. Curiosamente Condeor también era una sociedad de Juan Antonio Roca, aunque Enríquez, según su declaración, tampoco lo sabía entonces.

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