El promotor del Puerto de Santa María (Cádiz) Manuel Lores reconoció ayer que entregó dinero a Jesús Gil para financiar la campaña electoral de su formación política en Marbella, pero nunca en efectivo, en la suma que sostiene la Fiscalía Anticorrupción en el caso Malaya ni para obtener una licencia de obras ilegal.

El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero afirmó ayer durante el interrogatorio a Lores que en diciembre de 2002, de acuerdo con la documentación intervenida en las oficinas de Juan Antonio Roca en Maras Asesores, aportó 50.000 euros. Esta suma, según la tesis de la acusación, le permitió que la comisión de gobierno le concediera en la siguiente reunión que celebró un permiso para levantar un hotel en una parcela que en parte estaba destinada a uso comercial y en parte a chalés unifamiliares.

De hecho, la licencia fue impugnada por la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó parar las obras, aunque esta orden tuvo lugar cuando el hotel ya estaba construido.

El empresario, que se enfrenta a dos años de prisión y 100.000 euros de multa por presunto cohecho en el caso Malaya, subrayó ayer que él no hizo nada anómalo en Marbella. Simplemente construyó como hacía todo el mundo: al amparo de un PGOU propuesto por el GIL que nunca llegó a tener validez legal. Todo esto no fue óbice para que después la Junta de Andalucía le otorgara al establecimiento que promovía su empresa, Lorcrimar, licencia de apertura, circunstancia puesta ayer de relieve por el promotor portuense.

Lores únicamente admitió ayer haber pagado dinero pero altruistamente al GIL para la campaña electoral de las municipales de 2003. Matizó que esos fondos sumaban una cuantía inferior a los 50.000 euros que mantiene el fiscal y que los aportó a través de un cheque, no en metálico.

El juicio por el caso Malaya contra la corrupción político urbanística en Marbella durante los tiempos del GIL se reanudó ayer en la Audiencia de Málaga, después del parón de Navidad. La vista oral comenzó el 27 de septiembre de 2010 con la exposición de las cuestiones previas. Actualmente se juzga el último bloque, en el que se analizan los supuestos pagos que efectuaron los promotores con intereses en el municipio a Juan Antonio Roca, entonces asesor de urbanismo del municipio, así como los sobornos que presumiblemente recibían los concejales y que Roca ha admitido que pagaba para que se mantuviera unido el equipo de gobierno que presidía Marisol Yagüe.

Ayer, junto a Lores también comenzó a declarar el empresario vasco Javier Arteche, acusado de cohecho y blanqueo de capitales, por los que se enfrenta a seis años de cárcel y más de tres millones de multa. Anticorrupción le acusa de haber pagado un soborno de 60.000 euros a Roca por un convenio vinculado a una parcela, calificada como suelo deportivo, y el Ayuntamiento se comprometía a compensar al promotor. Además, el Ministerio Público considera que contribuyó al lavado de capitales cuando "se prestó" a adquirir a Masdevallía, una de las sociedades de Juan Antonio Roca, unos aprovechamientos urbanísticos valorados en 1,8 millones de euros que habían sido permutados por el Ayuntamiento por una parcela de sólo 30.000 euros, según el fiscal.