La promotora del hotel de Moneo acaba de solicitar otro año para poder pagar los casi 7 millones de euros que adeuda al Ayuntamiento de Málaga. La empresa, que viene incumpliendo el acuerdo suscrito con la Gerencia de Urbanismo desde hace unos 22 meses, remitió días atrás "por correo certificado" la petición para disponer de un nuevo aplazamiento para cerrar las vías de negociación abiertas con varias entidades financieras, claves para disponer de los fondos necesarios no solo para cumplir con las obligaciones contraídas con el Consistorio sino también para poder impulsar la operación de transformación de Hoyo de Esparteros.

Las fuentes consultadas, que precisaron que el envío se hizo antes del día 1 de diciembre, cuando cumplía el primer aplazamiento concedido por Gestrisam, justificaron la reclamación en que esa primera prórroga "resulta ineficaz", ya que estaba vinculada a la consecución de fondos europeos para el proyecto. Asimismo, responsabilizaron del fracaso de esta gestión al Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, que el pasado mes de julio rechazó la aprobación del proyecto de urbanización de Hoyo de Esparteros y la concesión de la licencia. Al respecto, confirmaron que ese acuerdo está recurrido en vía judicial.

"Ese plazo resulta en ineficaz no por culpa del promotor sino de la Administración local", insistieron las fuentes, que incidieron que al cerrarse esa puerta la empresa se ha visto obligada a volver a tramitar una nueva operación financiera con otras entidades. Sobre ese particular, aludieron a que los contactos están muy avanzados. Otras fuentes consultadas por este periódico apuntaron que se da por cerrada la financiación para la construcción del hotel, quedando pendiente el acuerdo para las oficinas y el aparcamiento subterráneo.

A la espera de la contestación que pueda dar Gestrisam, de inicio Braser sigue contando con el alcalde, Francisco de la Torre, como aliado. Muestra de ello es que ayer el regidor volvió a rechazar la opción de anular el convenio, lo que a su juicio abriría la puerta a una reclamación patrimonial por parte del privado por unos 16 millones de euros. Incluso, puso sobre la mesa la posibilidad de darle la licencia a cambio de que garantice un aval de un millón de euros, condicionando la expedición a que pague.

En el supuesto de que se deniegue el aplazamiento solicitado, los técnicos de Gestrisam podrán ampliar el mecanismo de embargo a bienes inmuebles y para garantizarse el cobro. El paso final pasaría por la subasta de estas propiedades, para lo que, en el mejor de los casos, quedarían aún meses por delante.

Sobre el promotor, el alcalde apuntó que parece disponer de recursos, si bien llamó la atención sobre una supuesta falta de acuerdo entre los integrantes de la empresa "para cumplir las obligaciones que tienen". Frente al pronunciamiento del regidor, su socio de investidura, Ciudadanos, clave en cualquier avance en los trámites urbanísticos pendientes, apuesta por un camino intermedio. Su viceportavoz, Alejandro Carballo, rechazó dar una nueva prórroga y defendió mantener la vía ejecutiva para el cobro de la deuda. "En paralelo, debe abrirse una vía de negociación para resolver el convenio de manera amistosa; si fuese unilateral nos costaría 16 millones a los malagueños o podríamos entrar en un proceso judicial que afectaría al proyecto", apuntó.