La posibilidad que abre el convenio colectivo de la empresa de limpieza de Málaga, Limasa, según admiten el comité de trabajadores y la dirección de la empresa, para que los puestos de trabajo puedan ser heredados en caso de fallecimiento o incapacidad del operario se abre al debate. Algunas voces autorizadas, como la de la catedrática de Derecho Constitucional, María Luisa Balaguer, son claras al hablar de "ilegalidad", mientras otras fuentes jurídicas remarcan la opción a contemplar estos privilegios por tratarse de una firma con mayoría privada.

"Eso no es legal; los puestos de trabajo tienen que establecerse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, más aún cuando se trata de una empresa pública", sentencia Balaguer en sus declaraciones a Málaga Hoy, en las que agrega: "Los puestos no se heredan".

En una línea parecida, aunque menos contundente, se pronuncia Francisco Vila, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Málaga, a cuyo juicio es "curioso" que este convenio haya pasado el control "de legalidad" de la Administración pública con artículos en los que se pone de relieve la opción de que sean personas elegidas por los propios empleados los que pasen a ocupar sus vacantes, más aún cuando se trata de una sociedad mixta, en la que el Ayuntamiento dispone del 49%.

Vila, que admitió no conocer el convenio de Limasa, subrayó que de acuerdo con la normativa, "la relación laboral es de carácter personalísima", vínculo que quedaría roto en el momento en que ese individuo es sustituido por un tercero. A ello, añadió: "Hablamos de una entidad con carácter semipúblico, con lo que serían aplicables los criterios de igualdad, mérito y capacidad".

Sí mostró su desacuerdo con que el convenio, según admite el comité de empresa, abra la vía a que familiares de los empleados afectados por minusvalías o que fallezcan ocupen la plaza. "Me parece estupendo que se incluyan fines solidarios, pero los mismos no deben recogerse como mecanismos compensatorios, sino en otro tipo de ayudas a la familia", dijo.

Otras fuentes, por el contrario, consideraron que el acuerdo existente es "legal", por cuanto Limasa ha de entenderse como una entidad privada, ya que la participación municipal es minoritaria. "En consecuencia puede pactar con sus empleados un convenio que permita ingresar personas nuevas sin un concurso público", señalaron. Una valoración que coincide con el posicionamiento que expuso el secretario del Ayuntamiento a principios de 2009, que se pronunció en términos semejantes.

Una opinión que contrasta con la del portavoz de IU en la Casona del Parque, Pedro Moreno Brenes, quien además es profesor de Derecho del Trabajo en la UMA. Éste fue contundente en la interpretación que hace del actual acuerdo laboral de Limasa. "La cuestión es simple y en Limasa se tienen que respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad que recoge la ley y la Constitución", señaló. "Cualquier ciudadano tiene que tener los mismos derechos que cualquier otro en una convocatoria, que debe ser abierta y con igualdad de condiciones para todos", agregó.

La coalición de izquierdas ha sido la única en los últimos años que ha puesto objeciones a la situación del convenio, llegando a presentar una moción en la que pedía "transparencia" en los criterios de contratación en esta empresa. "Nos quedamos solos", se lamentó Moreno Brenes ya que no votaron ni el PSOE ni el PP", expuso el portavoz de IU. "Si llegamos al Gobierno en Limasa se respetarán a ultranza esos derechos de mérito y capacidad, algo en lo que no puede haber matices".

La de IU es la única voz de los grupos representados en el salón de Plenos que se pronunció sobre este tema. Desde las filas socialistas, la portavoz municipal, Begoña Medina, declinó referirse a este asunto, mientras que este periódico trató sin éxito de recabar una opinión al respecto por parte del equipo de gobierno del PP.

Cuestionado por ello, el coordinador general de CCOO en Málaga, Antonio Herrera, fue claro al mostrarse en contra de estos aspectos del convenio. "No puede haber privilegios en ninguna empresa para entrar a trabajar, salvo la formación y preparación", apuntó, a lo que añadió: "No puede ser que se incluyan elementos que puedan ser discriminatorios o razones familiares", apostilló. Además, entendió que aunque el Ayuntamiento tiene minoría en la empresa, "no debería inhibirse en este asunto".