Le rebajan la pena de dos años a diez meses de prisión por estafa

  • El proceso tardó en tramitarse once años desde que se interpuso la denuncia en 1998

El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado de dos años a diez meses de prisión la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga a un hombre por un delito de estafa debido a que el procedimiento tardó en tramitarse once años desde que se interpuso la denuncia en 1998.

En su fallo, el Supremo estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por el procesado, de 59 años y natural de Vélez-Málaga, contra la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga en septiembre de 2009.

En concreto, admite el motivo relativo a la infracción de ley por no haber aplicado en la sentencia la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, lo que supone la rebaja en un grado de la pena fijada para el delito cometido (con lo que quedaría entre seis meses y un año de cárcel) y que el Supremo fija en diez meses de prisión.

Además, reduce la multa impuesta en un mes de cuota, con lo que pasa de una cuantía total de 1.080 a 900 euros.

El Supremo señala que resulta "de todo punto inasumible, injustificado y gratuito" que la tramitación del procedimiento se demorase durante más de once años, periodo del que "únicamente" podría considerarse imputable al acusado el tiempo transcurrido desde la orden de detención y la ejecución de ésta (menos de dos años).

El recurrente especificó las interrupciones en el procedimiento, abierto a raíz de una denuncia interpuesta en mayo de 1998, fecha desde la que transcurrieron más de ocho años hasta que el Ministerio Fiscal redactó su escrito de acusación, en febrero de 2007.

En su sentencia, la Audiencia de Málaga consideró probado que el procesado, que tiene múltiples antecedentes penales, acudió en abril de 1998 a una empresa de maquinaria la barriada malagueña de Campanillas y retiró un motocultor, un asurcador y un cortacésped valorados en 3.584 euros, y encargó otros nueve cortacésped que no llegó a llevarse.

Para ello, entregó dos pagarés por importe de 3.305 euros cada uno que no fueron atendidos por falta de fondos, ante lo que el perjudicado se puso en contacto con el comprador a través del teléfono que le había facilitado, pero éste disimuló la voz para "aparentar ser una tercera persona", sin atender su reclamación.

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