El pacto para reducir los juicios de Marbella, pendiente del fiscal jefe

  • Sentadas las bases del acuerdo marco para agilizar los casos por licencias ilegales y concentrar las penas · El fiscal superior de Andalucía tiene la última palabra

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El pacto entre la Fiscalía y los ex ediles del GIL imputados en delitos contra la ordenación del territorio sólo está pendiente de ser bendecido por el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón. Los abogados defensores y el coordinador de Medio Ambiente del Ministerio Público malagueño, Juan Calvo, al frente de la negociación para intentar agilizar las decenas de causas judiciales por licencias ilegales en Marbella, ya han sentado las bases de un acuerdo marco de conformidad al que podrán acogerse los ex concejales acusados. El objetivo es evitar que los procedimientos por delito urbanístico se eternicen en los juzgados y una de las consecuencias es la concentración de las condenas, establecida por ley.

La última novedad la ofreció ayer el letrado Pablo Luna a la salida de la reunión celebrada para tratar este asunto. Informó de que ese acuerdo marco, en el que "todas las matizaciones son estrictamente jurídicas", debe contar ahora con la autorización de la Fiscalía Superior de Andalucía, que también podría considerar adecuado contar con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado. Todo ello para tener "una mayor garantía", precisó. Reiteró como ha hecho en otras ocasiones que "todo es estrictamente legal".

El acuerdo no se sellará hasta contar con el beneplácito de los órganos superiores del Ministerio Público, pero los cimientos ya están puestos. El abogado no quiso adelantar detalles, aunque explicó que se han abordado desde las causas por delito urbanístico que están en instrucción hasta las que han llegado a los juzgados de lo Penal para la vista oral. "La conformidad se puede alcanzar desde el juzgado de guardia hasta un minuto antes del juicio", matizó.

Son decenas de procedimientos que atañen a los concejales de las corporaciones municipales de Marbella desde 1995 hasta la disolución del Ayuntamiento de Marbella, ocurrida tras el estallido de la operación Malaya en marzo de 2006. El futuro acuerdo se ciñe exclusivamente a los casos por delito urbanístico, es decir, se limita a las licencias ilegales y no afecta en absoluto al resto de causas en las que puedan estar imputados los ex concejales, como Malaya o las investigaciones de los convenios urbanísticos que dirige la Fiscalía Anticorrupción.

Lo que se persigue es un acuerdo marco, pero con distintas propuestas y matizaciones porque no todos los ex concejales están imputados en el mismo número de causas. Por ejemplo, el ex alcalde Julián Muñoz es el que tiene más procedimientos por delito urbanístico, más de medio centenar, aunque no todos los afectados llegan a esa cifra. Se distinguiría según el caso y la pena a imponer, por tanto, sería diferente.

El objetivo del pacto es agilizar las causas porque existe un límite legal de cumplimiento de condena, ya que se consideran delitos conexos. En la práctica, esto quiere decir que por muchos juicios que se celebraran, no servirían de nada porque no se puede rebasar ese tope que establece la ley. En el caso de los delitos urbanísticos, el máximo sería de seis años de cárcel, que es el triple de la pena mayor que contempla el Código Penal. Por tanto, los ex concejales de Marbella tendrían que aceptar, si se adhieren al pacto y según sus circunstancias, una pena que oscilaría entre el año y medio y los seis años de prisión. Algunas fuentes apuntan a que ese tope se podría haber establecido en tres años de cárcel, eso como máximo y de ahí para abajo. Lo que está claro es que será una pena de prisión y que los ex ediles deben reconocer los hechos delictivos.

Pese a los primeros pasos que se han dado, Pablo Luna admitió ayer que llevar todo esto a la práctica será "complicado y difícil" por la cantidad de procedimientos afectados.

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