La delegada de Educación en Málaga, Patricia Alba, tendrá que comparecer el 20 de mayo ante la juez que investiga el caso de la niña con autismo de Rincón de la Victoria. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ordenó el pasado mes de diciembre la apertura diligencias previas para investigar la actuación de Educación en torno al trato que la menor sufrió en marzo del año pasado en el colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral. Y dentro del procedimiento iniciado la juez ha dispuesto a través de un auto que se cite a declarar como investigada a Patricia Alba -como la máxima responsable provincial en la provincia de Educación- y a una funcionaria pública; ambas a petición de la acusación particular ejercida por la familia. El mismo día también están citados los padres de la niña y el 23 de mayo pasarán por el juzgado como testigos varios funcionarios de la Delegación Provincial de Educación.

En el auto -de fecha de 3 de mayo- la juez expone que "los hechos que resultan de las actuaciones anteriores presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Por lo que para determinar los posibles delitos que presuntamente se hayan podido cometer se procede a incoar diligencias previas consistentes en recibir declaración a los investigados, testigos y a la familia.

Fue en una vista en la que estaba previsto abordar un presunto delito leve cuando se pasó a investigar los hechos acontecidos en el colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral el curso pasado. El juicio se correspondía con una demanda de los padres contra una funcionaria pública de Educación por presuntas coacciones en este asunto. Pero la fiscal, a la vista de los hechos expuestos, interesó ante la titular del juzgado la apertura de diligencias previas -junto con la acusación particular de la familia, ejercida por el letrado Jesús Marín-. El Ministerio Público se sumaba de este modo a la petición inicial de los padres de la niña para que se depuraran responsabilidades en torno a lo sucedido.

La familia ya solicitó ante la Fiscalía en marzo de 2015 que se investigaran los hechos ante el posible desamparo que la niña podría estar sufriendo por parte de la Junta de Andalucía, con los presuntos delitos de dejación de funciones, denegación de prestaciones públicas e incluso prevaricación, entre otros. Pero en ese momento el Ministerio Público archivó el caso.

El 18 de marzo de 2015 la pequeña asistió a clase como todos los días, con la diferencia de que se encontró sola en el aula; los padres de sus compañeros habían decidido no llevarlos a la escuela por las presuntas agresiones que estaban sufriendo de parte de la menor. Y así se lo comunicaron a la dirección del colegio y a la delegación de Educación. Pero nadie informó a los padres de la niña de la medida adoptada por los progenitores del resto de niños. Desde ese día la niña dejó de asistir al colegio por recomendación médica. Ahora está escolarizada en un nuevo centro del municipio y se le acaba de conceder la atención educativa a domicilio.