HAY que ser un poco insensato -o bastante-, para fiarlo todo a un juicio, por muy justos que sean los argumentos y muy claro que pueda parecer el resultado. Para ser un poco más temeroso de Dios y de los jueces, basta tirar de experiencia o incluso del refranero, cargado de consejos y maldiciones sobre la incertidumbre suprema de todo lo relacionado con leyes, togas y magistrados: tengas pleitos y los ganes, mejor un mal acuerdo que un buen pleito, aunque veas pleito ganado, vete con cuidado... No conozco a un letrado que no admita que la suerte juega su papel en el desenlace de cualquier proceso judicial. A veces incluso como protagonista.

Por eso resulta muy arriesgada la apuesta del Ayuntamiento de Marbella de jugarlo todo a una carta, el macrojuicio del caso Malaya que comienza mañana, y cuyos 4.000 millones de euros de multas que reclama la Fiscalía, quiere disputarle el Consistorio -con razón- a Hacienda y la Seguridad Social. De la corrupción de Marbella y de las miles de viviendas ilegales construidas ya hemos contado de forma cansina que se benefició hasta el apuntador. Incluso la Junta, que cobró sus buenos impuestos de transmisión patrimonial por las mismas viviendas que denunciaba en los juzgados -lástima que, como dice Ángeles Muñoz, no tuvieran la precaución o idea de anotar sus reparos en el Registro-. También que no se puede ignorar que el pueblo de Marbella votó masivamente a Jesús Gil y a sus secuaces cuando eran notorias y evidentes sus fechorías. Así que resulta difícil que haya manga ancha y, tal y como están los tiempos, Hacienda vaya a ceder un euro de indemnizaciones que serán muy difíciles de cobrar, si es que los jueces condenan a los acusados, lo cual está por ver.

El pasado lunes, un informe del Tribunal de Cuentas avalaba la gestión de la gestora durante los 14 meses que dirigió el Consistorio. Revisadas sus 52 páginas, la labor de esas 16 personas, dirigidas por el abogado Diego Martín Reyes y por Carlos Rubio, hoy coordinador del Consistorio, parece titánica: no podían imaginar donde se metían. El informe repasa de arriba a abajo un ayuntamiento enfermo de corrupción, donde no se controlaban los pagos, si los proveedores o contratistas hacían lo acordado, donde "nadie parecía preocuparse de los ingresos legales porque había ingresos ilegales de sobra". Fruto de ello no se subían tasas ni impuestos, algunas a niveles de los años ochenta. El informe de fiscalización también aporta un gráfico muy preocupante: el cuadro de pagos que debe afrontar el Consistorio a sus acreedores principales, alrededor de 495 millones de euros en ocho años. En 2012 y 2013, los pagos asfixiarán al Ayuntamiento si no consigue aplazarlos de nuevo o aumenta considerablemente sus ingresos. ¿Cómo hacerlo? Por la vía impositiva. También acelerando el cobro del IBI a las 30.000 viviendas regularizadas con el nuevo PGOU. Y además revisando el Catastro, que no se actualiza desde 1988, lo que multiplicará los coeficientes y los recibos a pagar, para tremendo disgusto de más de un vecino.

Pero mientras el socialista Martín Reyes apuntaba esas soluciones lógicas y responsables, la de apretarse el cinturón, el también socialista Miguel Ángel Heredia, dos días después, acusaba demagógica e irresponsablemente al Ayuntamiento de Marbella de "subir la presión fiscal" cuando apenas acaba de empezar. A ningún político le gusta subir los impuestos, y menos en años electorales. Pero Ángeles Muñoz debe empezar a hacerlo.