Mucho tendrán que cambiar las posturas del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, respectivamente, para que finalmente se construya en la capital la tercera depuradora de aguas residuales, que también abarcaría a Torremolinos, Cártama, Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre. El Consistorio de la capital no está dispuesto a aportar el suelo para construir la planta si se reduce la capacidad de tratamiento, tal y como plantea el Gobierno autonómico de 100.000 metros cúbicos previstos inicialmente a 40.000 propuestos ahora, y sugiere que se planifique en alguno de los municipios a los que dará cobertura.

La segunda reunión mantenida entre representantes de ambas administraciones, celebrada ayer en Málaga, terminó como la primera sin acuerdo. La postura de la Consejería de Medio Ambiente se avala en los estudios técnicos realizados recientemente y que consideran ahora que la previsión inicial estaba sobredimensionada, por lo que propone rebajar a menos de la mitad su capacidad de tratamiento de aguas residuales.

El concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento malagueño, Raúl Jiménez, aseguró ayer que "si no se va a depurar el agua residual de Málaga, que no se haga aquí porque nosotros ya tenemos depuradora y son los demás los que no tienen".

Proyectada hace ocho años, la construcción de la llamada depuradora del Bajo Guadalhorce, que sería la tercera de la capital malagueña aunque aglutinaría las aguas residuales de otros municipios de los alrededores, se queda de momento en el aire a la espera de que ambas administraciones vuelvan a replantearse sus posturas para tratar de flexibilizarlas. Así, el edil explicó que ambas se han emplazado a una nueva reunión para poner encima de la mesa hasta dónde está dispuesta cada una a llegar para que el proyecto finalmente se lleve a cabo.

"Los 40.000 metros cúbicos de capacidad no los vamos a aceptar porque con eso no arreglamos el problema", dijo Jiménez, pero sí se mostró dispuesto a rebajar los 100.000 metros cúbicos previstos en un primer momento para tratar de llegar a un acuerdo.

La Junta de Andalucía mantiene que no es una cuestión de dinero el hecho de que se plantee una reducción de la capacidad de la futura planta. De hecho, se estima que para una depuradora de esa capacidad habría que invertir unos 52,5 millones de euros y que serían financiados íntegramente con cargo al canon autonómico, recargo que se cobra en las facturas del agua de todos los ciudadanos desde mayo de 2011 para obras hidráulicas.

Sin embargo, el Gobierno andaluz reconoció en abril de 2012 que no había dinero para realizar esa obra a corto o medio plazo y que en su lugar se iban a empezar a construir dos colectores que llevarían las aguas residuales de Cártama y Alhaurín el Grande, que siguen sin depurar, hasta la planta del Guadalhorce. Proyecto al que se opuso en rotundo Emasa por considerar que se iba a saturar la depuradora.

El Ayuntamiento de Málaga llegó a reservar incluso en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) una parcela de alrededor de 40 hectáreas, entre el aeropuerto malagueño y el límite con el municipio de Alhaurín de la Torre, para construir esta nueva depuradora .