La posibilidad de que Málaga viva otra huelga de los trabajadores de Limasa está sobre la mesa. El comité de empresa de la sociedad mixta, de la que el Ayuntamiento posee el 49%, mientras que el 51% restante está en manos de FCC, Urbaser y Sando, informó ayer de la convocatoria de un paro indefinido para el próximo día 20 de febrero en respuesta a la decisión de los privados de congelarles el sueldo en 2012, a pesar de estar pactada una subida del 2%. Este drástico anuncio retrotrae la memoria de la capital de la Costa del Sol los paros ocurrido en 2001, coincidiendo con la Feria de agosto, y en 2002. Aquellas protestas estuvieron marcada por las imágenes de calles repletas de basura y contenedores ardiendo. Más de una década después, Málaga vuelve a estar pendiente de Limasa y los vaivenes en las relaciones de los socios privados con los trabajadores, sin que parezca clara la posición del Ayuntamiento.

La decisión se produce en un escenario en el que la cuestión salarial vuelve a ser eje del enfrentamiento. Hasta el momento los trabajadores han rechazado la congelación fijada por las empresas explotadoras. "No vamos a permitir que sigan pisoteando a los trabajadores", sentenció el presidente del comité de empresa, Francisco José Morales, que señaló que se ha tenido la consideración de aplazar la medida hasta pasado el Carnaval. A pesar del anuncio, Morales confió en que en los 11 días que restan, las empresas "traigan posturas más claras y justas y sean capaces de asumir lo que venga porque hemos llegado aquí por ellos". "Siguen aplicando un recorte indiscriminado y el Ayuntamiento viene pidiendo margen y que seamos sensibles, pero esa delicadeza la hemos deseado también para nosotros", añadió.

Al tiempo, apuntó al alcalde en sus críticas. "Sigue sin ser claro sobre la posición de la parte privada, sigue siendo exquisito en los plazos que da a la empresa y no ha sido capaz de explicar cuál es el planteamiento", apuntó. Los trabajadores sustentan su reclamación en que los socios privados quieren recortar los sueldos a pesar de que siguen obteniendo beneficios económicos, incluyendo unos 5 millones que deberá aportar el Ayuntamiento en marzo. Preguntado por el efecto que podría tener sobre la opinión pública, fue claro: "La ciudadanía tendría que pedirle cuentas al alcalde por su mala gestión; si se sienten dolidos, que lo hagan con su alcalde".

No parece que el paso dado por los trabajadores preocupe en exceso al alcalde. Lejos de mostrar malestar por lo ocurrido, se limitó a comentar que éste "no es el momento" de convocar una huelga , sino más bien de "esperar al fruto del diálogo", dado que se mantienen conversaciones. "He recibido al comité de empresa y le he transmitido que no tengo una respuesta definitiva de los socios privados de Limasa, pero que espero que haya una buena acogida y sentido común por ambas partes", expuso.

Preguntado por la posición municipal, volvió a pedir "sacrificio" a las dos partes afectadas, al objeto de no afectar a los ciudadanos. Las cesiones que le reclama a los socios privados pasan por renunciar a los beneficios de casi 600.000 euros anuales que tienen y a que revisen el canon de asistencia técnica, que puede suponer otros 2 millones, mientras que a los operarios propone que no se aplique el convenio, "dado que hay estabilidad en el empleo y un nivel salarial bastante más que aceptable".

El Ayuntamiento, a través de un comunicado oficial, tachó de "desproporcionada" la posibilidad de huelga y recordó que los sueldos de los empleados de Limasa "son superiores a la media". "Una congelación de las retribuciones en estos momentos de grave crisis es perfectamente asumible", dijo. Y apuntó que de no haber cesión por las dos partes, la empresa "entraría en desequilibrio presupuestario y la aportación municipal tendría que incrementarse".