Si las cuentas de la prescripción de los delitos encajan, Carlos Fernández se podrá convertir en el gran triunfador del caso Malaya, que concluyó con 44 condenas por la corrupción político urbanística en Marbella, entre ellas la de los dos últimos alcaldes del GIL (Marisol Yagüe y Julián Muñoz), y 13 concejales. De confirmarse que los hechos por los que fue procesado en esta causa están prescritos no solo no tendrá que sentarse en el banquillo, sino que ni siquiera verá confiscados sus bienes ni investigados sus recursos.

Carlos Fernández no fue un concejal más de la etapa en la que el gilismo hacía aguas, sino una figura determinante. Como portavoz andalucista condujo a los concejales de su grupo municipal a sumarse a la moción de censura, dirigida por Juan Antonio Roca bajo los auspicios de Jesús Gil y apoyada por tres ediles del PSOE y los afectos al GIL, que desalojó a Julián Muñoz de la alcaldía.

El primer juez de instrucción del caso Malaya subrayó en el auto de procesamiento que recibió sobornos por importe de 150.000 euros, además de otras cantidades "en sobres innominados" que Juan Antonio Roca repartía entre los ediles del equipo de Gobierno para que facilitaran el urbanismo ilegal. La Policía halló en su domicilio 3.500 euros en billetes de 500. Además, los investigadores averiguaron que las cuentas de sus sociedades habían registrado ingresos en metálico por importe de 732.716 euros.

El magistrado procesó a Carlos Fernández por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude. La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, fue condenada por hechos similares a cinco años y medio de cárcel, mientras que la portavoz socialista que se sumó a la moción de censura, Isabel García Marcos fue sentenciada a cuatro años por cohecho.

Los compañeros de grupo del edil huido, los andalucistas Pedro Pérez y María José Lanzat fueron a su vez condenados a tres años y medio de prisión por cohecho.