El último tramo del Metro de Málaga, la pieza con la que completar el recorrido global del suburbano a su paso por la Alameda Principal y el Paseo del Parque, está pendiente del visto bueno de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. Hechos los deberes por parte de Obras Públicas, departamento sobre el que recae la ejecución del mayor proyecto de cuantos se ejecutan en la capital de la Costa del Sol, el paso definitivo del ferrocarril urbano sigue hoy, al menos desde hace tres semanas, a la espera de que los responsables de manejar el dinero de la Administración regional informen favorablemente de la actuación. "Su informe es preceptivo y vinculante", indicaron fuentes consultadas por este periódico, que confiaron en que en pocas semanas el camino quede totalmente expedito.

Una predicción optimista que no esconde lo que exponía otra fuente consultada, que indicaba que una obra de esta envergadura, a pesar del elevado montante económico que representa, 125 millones de euros, se hubiese resuelto de forma casi inmediata en los tiempos previos a la crisis. Esa posibilidad se antoja inviable en la actualidad, cuando a los escollos propios del día a día se suma la necesidad de los gestores de mirar con lupa el horizonte del año 2020, a partir del cual todos los entes públicos tendrán que tener un déficit cero. Y éste, apuntó esta misma fuente, es un detalle a no perder de vista, más aún si se tiene en cuenta la herramienta que la Consejería de Obras Públicas ha diseñado para acometer el Metro en la parte final de su recorrido sin que ello obligue al Gobierno andaluz a soportar el peso de su financiación de forma inmediata.

Si bien oficialmente sigue sin desvelarse la cuestión, todo indica que, tomada la decisión de apostar por la fórmula de colaboración público-privada, la idea del departamento que dirige Josefina Cruz pasa por aplazar el pago de la infraestructura al momento en que la misma esté culminada. Es decir, que según este método, la firma que se haga con la construcción del tajo Guadalmedina-Malagueta llevaría a cabo la intervención y empezaría a recibir los pagos por parte de la Administración autonómica una vez acabada la obra. Lo que quedaría por precisar es el número de años en los que se efectuarían esos abonos y si el Gobierno regional que salga de las próximas elecciones del 25 de marzo estará o no conforme con el planteamiento.

Todo ello se deja notar de manera clara en el calendario inicialmente previsto por la Junta para este tajo. A principios del pasado mes de enero, la Agencia de Obra Pública de Andalucía informó a través de un comunicado que se había remitido el expediente de licitación de este tramo al Diario Oficial de la Unión Europea (Doue), paso necesario antes de que se abriese formalmente la licitación. De hecho, el anuncio previo que salió publicado en el citado diario el 4 de enero pasado fijaba el 24 de febrero (es decir, ayer) como fecha límite para que el procedimiento de contratación de estos trabajos echase a andar. Pero el Doue de ayer no incluía esta licitación. ¿Por qué? "Porque se está a la espera del informe de Hacienda", explicaron desde el departamento andaluz. Al tiempo, restaron importancia a este hecho y recordaron que el compromiso de Obras Públicas, como expuso hace algunas semanas la consejera, pasa por licitar el tramo antes de finales de marzo.

Sea como fuere, la realidad es que no es el primer plazo que se ha manejado para la ejecución del tajo final del suburbano, cuya desarrollo es objeto de no pocas controversias desde hace varios años. Ya en 2007, la entonces titular del departamento, Concepción Gutierrez, dio una vuelta de tuerca en sus relaciones con la concesionaria del proyecto, una unión temporal de empresas (UTE) encabezada por FCC, al retirarle tres de los cinco tramos de la línea 1, Malagueta-Los Asperones, entre los que se incluía el que atravesará la Alameda Principal. Una maniobra que contempló rectificar hace unos meses Josefina Cruz en un intento por avanzar en el proyecto sin que ello supusiese afectar las delicadas arcas autonómicas.

Tras semanas de análisis, la decisión no fue la de devolver el tramo a sus socios privados, sino abrir un proceso público para que puedan concurrir al mismo todas las firmas interesadas. Y en este punto sigue el que es considerado por los expertos como el tramo más delicado del recorrido del ferrocarril urbano, no tanto por su complejidad técnica, como por la incidencia que tiene sobre la parte noble de la ciudad. La duda a la que tiene que tiene que responder la Junta es si la pieza final del puzzle del Metro de Málaga tiene encaje en la estrategia financiera de la Administración regional y cómo.