Un urbanismo bajo sospecha fija

  • Barrientos usó dinero de los convenios para el pago de las nóminas de la plantilla municipal · Trató sin éxito de escaparse de las restricciones de la Junta aprobando trece acuerdos antes de la entrada en vigor de la ley

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La actuación de los estamentos judiciales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el marco de la operación Astapa en el municipio de Estepona ha permitido poner sobre la mesa las numerosas sospechas que desde hace años se ciernen sobre el urbanismo de esta localidad de la Costa del Sol. Un hecho que queda constatado con un simple y somero repaso de las decisiones municipales adoptadas en el Consistorio desde 2003, periodo que puede ampliarse sin género de dudas a la época de gobierno del antiguo GIL. El uso del dinero procedente de la firma de convenios con empresas privadas para el pago de las nóminas municipales, los aumentos de edificabilidad permitidos, los intentos de recalificación de terrenos… son algunas de las señas que identifican la gestión municipal en esta materia. Y no faltan los ejemplos.

Infracciones

A fecha de agosto de 2007, pocos meses después de los comicios municipales de mayo, el equipo de gobierno en el municipio admitió la acumulación de casi 1.600 infracciones urbanísticas, con un volumen de expedientes similar al de la vecina y polémica localidad de Marbella. Esta cifra se ve complementada con los datos recopilados por la Consejería de Obras Públicas entre los años 1994 y 2004, según los cuales el Ayuntamiento impulsó más de cien modificaciones de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), siendo el municipio de España que más cambios aplicó a su documento. "El urbanismo de esta ciudad está mal", sentenciaron desde la Administración autonómica, hasta el punto de que existía un acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo para no autorizar más cambios.

¿Comisiones urbanísticas?

El alcalde de Estepona negó la existencia de vínculos entre el Ayuntamiento del municipio y el cobro de comisiones urbanísticas. La reacción se produjo después de que se publicara una parte del sumario del caso Hidalgo en la que un intermediario aseguraba que había pagado "un montón de dinero a gente del Ayuntamiento de Estepona para conseguir una licencia de urbanización". En el informe policial aparecen una serie de negociaciones y presuntos pagos de personas con intereses en suelos de Estepona con funcionarios públicos o relacionados con el Consistorio, al objeto de conseguir edificar en unos terrenos adquiridos por uno de los imputados en la trama de blanqueo de capitales abierta a raíz del caso Hidalgo. En ese momento, Barrientos dijo: "Si hubiera habido algo digno de reseñar, ya lo habrían hecho los jueces".

Discrepancias internas de Valadez

Las críticas realizadas por el concejal David Valadez en septiembre de 2006 contra la política urbanística del equipo de gobierno pusieron sobre la mesa las dudas que pesaban sobre la tarea de Barrientos y sobre la labor de los entonces socios de gobierno, los ex miembros del GIL. Las palabras del entonces portavoz municipal del PSOE no le sentaron nada bien al regidor, que al día siguiente optó por expulsarlo del grupo municipal. En este contexto, Valadez denunció que se incumplía el decálogo urbanístico aprobado por su partido, a lo que el alcalde respondió: "No estoy dispuesto a recibir lecciones de moralidad, de socialismo ni de lucha contra la corrupción de nadie".

Intervención de la Fiscalía

En los últimos años no han sido pocas las veces en las que la política municipal de Estepona ha estado bajo la lupa del ámbito judicial. En marzo del pasado año, la Fiscalía admitió a trámite una denuncia presentada por Estepona 2007 en relación al expediente de Cortijo Casareño, por el que se pretendían vender tres parcelas de suelo a una sociedad mercantil sin sacarlas previamente a subasta, contraviniendo la normativa urbanística. En esta misma línea, pero en enero de 2005, el Ministerio Fiscal inició una investigación por la presunta existencia de cajas de seguridad en bancos relacionadas con asuntos urbanísticos del Ayuntamiento.

Dinero para sueldos

Uno de los principales fines a los que pretendía destinar Barrientos parte del dinero obtenido de convenios urbanísticos era la paga de las nóminas municipales. Este hecho se produjo en marzo de 2006, cuando el regidor trató de aprobar trece acuerdos, decisión que se vio frenada por la Junta de Andalucía. Pero este procedimiento no es aislado. El propio alcalde informó a finales de 2005, a pesar de las advertencias realizadas por el tesorero municipal, de su intención de destinar 5 millones de euros procedentes de dos convenios que no habían sido aprobadas a sufragar los sueldos de los 700 trabajadores del Consistorio. La medida provocó la crítica del tesorero, que advirtió con denunciarla, al estar prohibido emplear este tipo de aportaciones a pagar nóminas. Antes, en noviembre de 2004, acordó destinar parte de otro acuerdo a este mismo cometido. Sin ser una justificación, los gobiernos que sucedieron al GIL al frente de la Alcaldía se vieron obligados a asumir la gestión de una plantilla sobrecargada y muy por encima de las posibilidades económicas del Consistorio.

Aportaciones de Prasa

A lo largo del pasado mandato, el Ayuntamiento recibió más de 1,1 millón de euros en concepto de aportaciones voluntarias por parte de la empresa Prasa. Así lo admitió el propio alcalde del municipio, quien vinculó esta cuantía con el cobro de las plusvalías de los 2.137 metros cuadrados de incremento edificable que se le permitió a constructora en el barrio de El Pinillo. Parte de este dinero, 30.000 euros, se empleó en 2003 en la financiación de la iniciativa Verano Cultural. Al año siguiente se consignó una nueva aportación de 300.000 euros para el pago de los cargos de confianza y del gasto corriente del Consistorio. Y a estas aportaciones, según denunció el PP, se sumó otra de 830.000 euros a cambio de "favores urbanísticos". En este periplo, el Ayuntamiento de Estepona aprobó compensar a Prasa con un aumento de la edificabilidad que le correspondía en unos terrenos situados en las afueras del municipio en contraprestación por la demolición de la mayor parte del hotel construido por esta firma a pie de playa y declarado ilegal por Costas.

Incompatibilidad de Manuel Reina

En octubre de 2004 se supo que Manuel Reina, uno de los concejales del Partido de Estepona (PES) detenido en el marco de la actual operación Astapa, había compaginado durante casi un año y medio su cargo político como concejal de Hacienda y consejero de la Empresa Municipal de Planificación y Desarrollo Urbanístico con la administración de varias empresas cuyo objeto social estaba vinculado al campo urbanístico e inmobiliario. Este hecho hizo que los grupos de la oposición exigieran su dimisión, paso que en ningún caso se dio.

Conflicto con la Ley Urbanística

Uno de los momentos álgidos de la carrera política de Antonio Barrientos se vivió en diciembre de 2005, en las vísperas de que entrase en vigor una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que impedía a los ayuntamientos recibir dinero procedente de acuerdos urbanísticos hasta que no se iniciase el desarrollo de los suelos. El regidor socialista optó por ir adelante y convocó un Pleno 48 horas antes de que se hiciese efectiva esta limitación para dar luz verde a trece acuerdos, que iban a reportar 24 millones de euros a las arcas municipales. Barrientos, tras numerosas presiones por parte de la dirección regional del PSOE-A, anuló la convocatoria.

Recalificación de Selwo

A principios de 2006, Barrientos defendió la posibilidad de recalificar para uso residencial parte de los suelos del parque de Selwo, al objeto de que se permitiese la construcción de viviendas de lujo. Según explicó en su día el alcalde, la iniciativa pretendía la división de los 900.000 metros cuadrados de este espacio en tres bolsas que saldrían a concurso. Una de ellas, de 333.000 metros permitiría mantener las instalaciones del zoo; otros 200.000 metros irían destinados a equipamientos deportivos, y los restantes 500.000 metros, a uso residencial. De acuerdo con los datos que se barajaron en su momento, la intervención iba a suponer unos ingresos de entre 30 y 40 millones de euros para el Ayuntamiento. Sin embargo, de nuevo, la aspiración del alcalde socialista se topó con la negativa de la Junta, que rechazó de plano el proyecto de recalificación. Un día después del pronunciamiento de la Administración autonómica, Barrientos dio marcha atrás y descartó el cambio de uso de los suelos.

El engaño del H-10

El Ayuntamiento concedió la licencia de apertura del hotel H-10 Estepona Palace a pesar de que la edificación sobresalía en 1.500 metros de techo la edificabilidad fijada. Antonio Barrientos justificó la medida en el interés de defender el interés general. La posibilidad de legalizar este sobrante de construcción fue descartada hasta en tres ocasiones por la Junta de Andalucía. De hecho, el entonces delegado provincial de Obras Públicas José María Ruiz Povedano justificó la negativa en que la actuación planteada por el Consistorio buscaba "duplicar la ocupación de la parcela y la elevación en altura del edificio". Sin embargo, pocos meses después de estas declaraciones, la Comisión provincial de Urbanismo acabó por aceptar dicho incremento. La medida, no obstante, fue de nuevo subsanada en julio de 2005, cuando la Junta impugnó el aumento de edificabilidad tras comprobar que el expediente municipal al que dio luz verde no incluía los informes contrarios del asesor jurídico, del secretario municipal y de un arquitecto.

La 'garrapata' del PES

Uno de los elementos que permite visualizar más a las claras la situación política que se ha vivido en Estepona en los últimos años ha sido la tensa y contradictoria relación mantenida por el PSOE y el PES, integrado por los antiguos concejales del GIL, socios de gobierno el pasado mandato. De ser compañeros de fatigas, los ediles de ambas formaciones pasaron en apenas unos meses a convertirse en enemigos irreconciliables. Uno de los episodios de mayor tensión se produjo el 22 de marzo de 2007, cuando en vísperas a las elecciones municipales, el alcalde esteponero, Antonio Barrientos, llamó "garrapatas" y "buenos ladrones" a los que en ese momento seguían siendo sus socios de gobierno. Asimismo, justificó la suscripción del pacto entre 2003 y 2007 para "vigilar de cerca" e incluso aseguró que por todo ello eludió cederles la Concejalía de Urbanismo. Sin embargo, pocos días antes de la celebración de los comicios, el ahora detenido Manuel Reina sostenía que Barrientos firmó un acta notarial en junio de 2003 en el que garantizaba la Delegación de Urbanismo al PES tras las elecciones autonómicas.

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