Justo Rodríguez, vecino de la Palmilla, estuvo a punto de ir a prisión en 2013, cuando EMASA denunció el uso fraudulento que venía haciendo durante años en su vivienda, carente de contador y con el suministro enganchado a la red de manera ilegal. Entonces fue condenado. La deuda que Justo adquirió ascendía por encima de los 3.000 euros, por lo que buscó el apoyo de las instituciones. Se iniciaron negociaciones.

El Ayuntamiento absorbió parte de la deuda, haciendo uso de los fondos destinados a ayudas sociales, quedando solo 1.000 euros, para los que se impuso un pago mensual de diez euros. De esta manera Justo esquivó la cárcel -a la que habría ido por la suma de una serie de antecedentes penales-, pero dos años después la situación vuelve a amenazarle con un paso por prisión.

Una parte de la deuda no quedó contemplada en el acuerdo, por lo que, tal y como informó ayer el propio afectado, el próximo jueves deberá presentarse voluntariamente en prisión para pasar allí 15 días. "Aquí nunca se ha pagado el agua, ni siquiera había contadores. Cuando llegué a esta casa ya estaba hecho el enganche", comentó Justo a los medios mientras que mostraba un enganche cualquiera que había en la calle. "Tengo 7 hijos y 24 nietos y no he tenido otro remedio que disponer de agua, es algo básico", dijo, y añadió que se reunió con el concejal Raúl Jiménez y representantes legales de EMASA para solucionar la situación, y que le aseguraron que "no iría a la cárcel".

Por su parte, una portavoz de la empresa de gestión del agua, comentó ayer a este periódico los reiterados intentos de solucionar este caso en concreto: "Se habló con él para que no se llegara a este punto", y añadió que "si hay antecedentes penales a veces una infracción de este tipo acaba en la cárcel". Ya hay dos personas del mismo barrio en prisión por la suma de antecedentes penales a el uso fraudulento de la red pública de agua. Justo cuenta con el apoyo de sus vecinos, que no están dispuestos a permitir que "un derecho se convierta en negocio".