Encontrar una zona verde de dudosa o nula utilidad social que se pague a precio de oro es posible en Málaga. Los efectos derivados del modo en que se diseñó el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad de 1997, que abrió la veda para que los propietarios privados de estas parcelas reclamasen al Ayuntamiento su expropiación por cantidades millonarias, permiten ver a día de hoy cómo la Gerencia de Urbanismo se ve en la obligación de abonar 1,5 millones de euros por tres pequeñas piezas de terreno calificadas como zona verde que suman poco menos de 1.500 metros. Es decir, que la hacienda municipal va a desembolsar unos 1.000 euros por cada metro cuadrado de estos terrenos situados en las calles San Lázaro y Pinosol.

La polémica actuación, en la que los actuales gestores del ente tienen escasa maniobra desde el punto de vista legal, recibió ayer luz verde por parte del Consejo de Administración de Urbanismo, que dio por buenas las tasaciones realizadas por la Comisión Provincial de Valoraciones para las expropiaciones de tres pastillas de la mercantil Crown Embalajes España. Las mencionadas parcelas tiene un valor final de 598.472 euros, 370.569 euros y 560.271 euros.

Esta empresa, en la línea de lo hecho por otros muchos propietarios, reclamó en mayo de 2009 al Consistorio la expropiación de estos terrenos por ministerio de ley, en cumplimiento del artículo 140 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El mismo obliga a la Administración local a llevar a efecto la enajenación de los terrenos destinados a dotaciones no incluidas o no adscritas a un sector o unidad de ejecución dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación del planeamiento.

La experiencia con los suelos de Pinosol es una herida más de las que vienen lacerando las arcas municipales en el último lustro, en el que se acumulan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) elevando los costes de enajenación. Bien es cierto, que algunas de las resoluciones judiciales ya firmes, a pesar de incrementar los gastos con respecto a las previsiones municipales, distan de coincidir con las reclamaciones económicas realizadas por los privados.

Sobre ello habló ayer en el Consejo de Urbanismo el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, quien recordó que en la mayoría de los fallos judiciales "al final el justiprecio se acerca más a lo que valora el Ayuntamiento que a lo que piden los despachos profesionales de los privados y eso supone un ahorro importante de dinero".

Como casos concretos, cito el de una parcela de Cañada de los Ingleses por cuya expropiación pedía la propiedad 21 millones de euros cifra finalmente reducida por el alto tribunal andaluz a 923.000 euros, cuantía semejante a la valoración municipal. En el lado opuesto puede citarse la compra de una parcela de 21.881 metros cuadrados junto al colegio El Monte por la que la empresa Parque Málaga, que la adquirió por 3,6 en 2007, reclamó al Ayuntamiento 68 millones de euros. El TSJA fijó el justiprecio en 34 millones, decisión recurrida por el Consistorio ante el Tribunal Supremo. Una muestra de la envergadura de la cuestión es que los privados de 18 parcelas dibujadas como zona verde el planeamiento del 97 llegaron a demandar por las mismas casi 300 millones, frente a los 11 millones en los que los técnicos municipales tasaron las expropiaciones.

Todos estos supuestos lo son de ministerio de ley y, por ende, consecuencia del modelo de gestión empleado en el PGOU de 1997. Algo que motivó ayer la queja del propio Pomares. "Ese plan tenía un afán demasiado expropiatorio y lo estamos viendo ahora; fue más allá de donde tenía que haber ido y ahora estamos pagando las sentencias; nos está pasando bastante factura", dijo el edil del PP, quien denunció el comportamiento de muchos gabinetes profesionales "que ponen como bandera la moralidad en el urbanismo pero que han hecho caja con esas cuestiones; es legal pero poco moral hacer dinero con estos asuntos".

Al tiempo, Pomares puso de relieve lo ocurrido con las expropiaciones impulsadas por el Ayuntamiento en el marco del proyecto de restauración hidrológico forestal del río Guadalmedina y por las que los propietarios llegaron a reclamar unos 260 millones de euros. Sin embargo, el concejal subrayó que las sentencias ya firmes rebajan sensiblemente las cuantías a abonar por estos suelos. De manera precisa, expuso que de los casi 3,4 millones de metros cuadrados a enajenar, ha sido necesario la vía judicial en la adquisición de 2,5 millones de metros. Y, en esos supuestos, las sentencias ya dictadas bajan a unos 7 millones el abono por parte del Consistorio (cifra que supone casi el doble de lo estimado por el Ayuntamiento pero 253 millones menos que lo demandado por los privados). Otros 760.000 metros fueron conseguidos por mutuo acuerdo, restando 40.000 metros, cuya valoración final está pendiente de sentencia.