El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha admitido a trámite la querella presentada por el grupo municipal socialista contra la exalcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, y la exconcejala de Urbanismo, Alba Echevarría, por "un supuesto delito de falsedad documental" en los trámites de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, según se desprende del auto al que ha tenido acceso este periódico.

La querella presentada por el PSOE desarrolla una cronología de los hechos que la motivan, desde la aprobación del inicio del expediente de deslinde entre los municipios de Marbella y Benahavís, donde señalan que Muñoz "se inhibió en el voto al manifestar expresamente que su familia tenía intereses en la zona". Asimismo, el documento hace referencia a la presunta alteración de 22 planos de ordenación del PGOU, lo que supone el 30% del término municipal, concentrándose los mayores cambios "en la zona donde la familia de la señora Muñoz Uriol tiene importantes intereses inmobiliarios", agregan. Cambios que, según denuncian en el escrito, se realizaron "unilateralmente sin información pública, sin período de alegaciones y sin conocimiento de los concejales de la oposición". En este sentido, señalan tanto a la exalcaldesa como a la exedil como responsables de "evitar que el nuevo PGOU de Marbella califique los suelos limítrofes con Benahavís como suelo no urbanizable". Así las cosas, denuncian que "limitando la extensión del municipio en los planos" y manteniendo la calificación de dicho suelo como urbanizable "se consigue multiplicar por varias decenas de múltiplos el valor del suelo en el que la familia de la señora Muñoz Uriol tiene importantes intereses inmobiliarios".

Entre ellos destacaría la propia vivienda de la exregidora, que "con su voto en el pleno de fecha de 28 de noviembre de 2014 intentó que su propiedad pasase de tener un valor objetivo de 500.000 euros a 12 millones de euros".

En el documento solicitan, además, que se cite a declarar como testigos en el juzgado a los concejales que formaron parte del pleno del 29 de julio de 2009; al Ayuntamiento de Benahavís, para que remita toda la documentación relativa a su plan parcial; y a la Junta de Andalucía.