El día en que la provincia de Málaga y, particularmente, la zona occidental de la Costa del Sol sacie su sed con agua de mar tratada en una planta desaladora queda aún muy lejos en el tiempo. La apuesta estratégica que años atrás pusieron sobre la mesa las administraciones central y regional para hacer de la desalación una alternativa a desarrollar ante la escasez de lluvias y el siempre presente riesgo de sequía queda definitivamente enterrada. La demostración más fiel es la posición que a día de hoy dice tener el Gobierno central ante la ejecución de la planta de Mijas, instalación que llegó a adjudicar y que ahora relega al año 2027.

La contundencia del mensaje gubernamental queda impresa en una reciente respuesta parlamentaria emitida ante una pregunta del diputado nacional del PSOE, Miguel Ángel Heredia. En el documento, fechado el pasado 18 de noviembre, el Ejecutivo señala que de conformidad con el programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobado por Real Decreto, la actuación Desalación de la Costa del Sol. Desaladora Mijas-Fuengirola "queda enmarcada en el horizonte temporal de 2027".

De confirmarse estos calendarios, esta desaladora se haría realidad cuando hubiesen transcurrido 19 años desde que el organismo Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), vinculado al Ministerio de Medio Ambiente, contratase a la empresa Sacyr su construcción. Conforme a los datos iniciales, la planta, a financiar en colaboración con la Junta de Andalucía, iba a tener capacidad para 20 hectómetros cúbicos anuales (para atender una población de unas 500.000 personas), estando prevista su puesta en servicio para el año 2010. Acuamed relacionó inicialmente el retraso en el proyecto en la necesidad de que el Ayuntamiento mijeño cediese el suelo.

El incumplimiento con este proyecto se repitió de manera continuada desde la adjudicación de las obras. Así, el Presupuestos General del Estado de 2009 fijó una partida de 53 millones para impulsar la infraestructura, cuantía a la que hubo que sumar otros 26 millones en las cuentas diseñadas para 2010.

La apuesta por la desalación como fórmula para contrarrestar los problemas de abastecimiento es evidente en los planes territoriales de ordenación urbanística impulsados por la Junta de Andalucía en las dos últimas décadas. Porque la planta de Mijas no es la única que se ha llegado a planificar en este intervalo de tiempo. También en el espacio metropolitano de Málaga capital, la Administración regional propuso una instalación de estas características. En concreto, los redactores del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) fijaron la construcción de una desaladora en la desembocadura del río Guadalhorce. De esta iniciativa, como ocurre ahora con la de Mijas, nada se sabe y nada se espera.