El Ayuntamiento de Marbella abrirá nuevos canales de comunicación con los vecinos, como una línea 900 o una aplicación móvil "que permitan que los ciudadanos estén en contacto con la administración de manera directa", anunció ayer el concejal de Obras, Javier García. El objetivo, según explicó, es "que los vecinos no tengan que presentar una instancia en el registro de entrada para que se les arregle una acera, un bordillo una farola". Así, para cuestiones de este tipo, se pondrán en marcha una aplicación móvil para que estos puedan plantear en tiempo real incidencias en la vía pública, así como una línea 900 gratuita "en la que daremos respuesta a las necesidades de los ciudadanos". Esta entrará en funcionamiento el próximo mes de octubre y atenderá las llamadas durante 12 horas al día.

Por otro lado, entre algunas de las líneas de actuación marcadas desde su delegación, García ha puesto el acento en la recuperación de los planes de barrio. Al mismo tiempo, destacó la apuesta por la accesibilidad para garantizar la movilidad peatonal, al igual que por las grandes infraestructuras turísticas, como el Paseo Marítimo, Puerto Banús y el Centro Histórico, "que hay que poner en valor". Igualmente, se impulsarán infraestructuras pendientes, como el saneamiento, y se mejorarán los equipamientos públicos.

Por último, avanzó que se plantearán diferentes modificaciones presupuestarias y denunció la "inejecución presupuestaria" del tripartita en la delegación de Obras con "partidas que no han salido a concurso y que no se han tramitado pese a que quedan tres meses para que acabe el ejercicio". "Dónde están los 700.000 euros de los Presupuestos Participativos, los once expedientes de las obras de emergencia de los colegios donde se cayeron muros y cubiertas y que en algunos casos no podrán empezar hasta 2018 o el proyecto de soterramiento de las líneas de alta tensión de Trapiche Norte", señaló.

El edil aludió también a la batería de proyectos que el anterior equipo de gobierno presentó en los días previos a la moción de censura. "El problema es que se iban a realizar con cargo al Plan de Inversiones Sostenibles del remanente positivo de Tesorería, pero ese plan no se puede sacar adelante porque se está incumpliendo el periodo medio de pago a proveedores", aseguró. "El Estado no permite que se puedan realizar estas inversiones si ese periodo medio de pago no está por debajo de los 30 días", explicó.