La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la nueva regulación de las prestaciones económicas de Derechos Sociales, entre cuyas novedades destaca la inclusión de ayudas para pagar la hipoteca, hasta la fecha solo se contemplaban ayudas para el pago del alquiler de la vivienda, para aquellas familias en situación de vulnerabilidad. De esta manera, las ayudas económicas para gastos de alojamiento, que comprendía el pago del alquiler de hasta 600 euros mensuales con un máximo de 7.200 euros por unidad familiar, se incluye por primera vez el abono de la hipoteca "a las familias que se están viendo asfixiadas por este gasto". "Entendemos que de esta forma también damos una respuesta más integral a las necesidades de los ciudadanos, que pueden verse en la misma situación, sea a través de un alquiler o una hipoteca", explicó la concejala de Derechos Sociales, Victoria Morales, quien detalló que la medida comprende las prestaciones económicas familiares, de emergencia social, de suministros mínimos vitales y del plan de atención inmediata y que, con los nuevos criterios, "pretendemos que no sean solo ayudas paliativas sino también preventivas para intentar evitar que las situaciones económicas se compliquen en el tiempo".

En este sentido, indicó que se volverán a flexibilizar los requisitos de ingresos para el acceso a estas ayudas, que pasará a ser de un máximo de 8.491 euros anuales por unidad familiar de uno o dos miembros, cantidad a la que se añaden 912 euros por cada miembro adicional y año. No obstante, de este montante se descontarán los gastos de vivienda, ya sea el alquiler o la hipoteca, "para que no contabilicen a la hora de solicitar las ayudas ya que son gastos ineludibles en el pago", apuntó.

Otra de las novedades es la flexibilización de la exigencia del empadronamiento. Hasta el momento se exigía un mínimo de un año empadronado en el municipio, requisito que se rebaja a seis meses. Además, de forma excepcional y con el preceptivo informe social, no será necesario cumplir este requisito.

Por último, indicó que se incluyen las ayudas en especie que se conceden a través del plan de atención inmediata, relativo al alojamiento alternativo en hostales, a la garantía alimentaria en los centros de personas activas y al servicio de higiene.

Durante el año pasado desde la delegación de Derechos Sociales se otorgaron ayudas por un total de 458.000 euros. No obstante, la edil incidió en la necesidad de que otras administraciones, más allá del ámbito local, se impliquen con un pacto por el empleo para dar respuesta a estas situaciones y reclamó al Gobierno Central "que implante, de una vez por todas, una renta mínima para garantizar los derechos de todos los ciudadanos".

La nueva regulación aprobada ayer de estas prestaciones económicas se recogerá en la base de ejecución de los Presupuestos Municipales de 2017.