El Ayuntamiento de Marbella estudia trasladar tanto a la Fiscalía como a la Cámara de Cuentas dos presuntos contratos "fraudulentos" de asesoramiento jurídico externo a la sociedad municipal del Palacio de Congresos que fueron realizados durante el anterior gobierno del tripartito. Según detalló el portavoz municipal, Félix Romero, se trataría de dos contratos suscritos con el bufete 2MS Abogados SCP de 17.500 euros el primero y de 36.000 euros el segundo, este último en vigor hasta febrero de 2019. "En el segundo se incluyó también a un procurador de Fuengirola y la adjudicación, que se realiza de forma directa, se hace de nuevo a la misma empresa", apuntó, por lo que en total son más de 50.000 euros "que se gastan sin ningún tipo de control, fiscalización e informe". "Entendemos que se han vulnerado todas las cuestiones de la ley de contratos del sector público porque cualquier contratación que se realice desde cualquier sociedad debe tener las mismas cautelas y cumplir los mismos requisitos que cualquiera que se realice desde el Ayuntamiento", aseveró el también primer teniente de alcalde. En este sentido, explicó que el pliego de condiciones se sustenta "en folio y medio" firmado por el socialista Javier Porcuna "sin justificación de por qué se lleva adelante esa contratación".

Para el edil, "es una contratación chapucera que se tramita bajo un caso ficticio de concurrencia pública. Aparentemente se solicitaba a tres empresas distintas pero resulta que son todos miembros de un mismo despacho profesional", expresó. Al mismo tiempo, Romero tildó de "escandaloso" que desde el Ayuntamiento, a través de las sociedades municipales, "se pueda realizar una contratación con una simple orden, sin ningún tipo de expediente, de pliego de condiciones ni aval". "Entendemos que puede incurrir en una ilegalidad que lleve aparejada un perjuicio económico para las arcas municipales", añadió.

Por último, avanzó que desde los servicios jurídicos municipales del Ayuntamiento de Marbella ya se están analizando otros casos similares con el objetivo de que se diriman "las responsabilidades jurídicas y contables que se pudieran derivar".