Tras el resultado de la auditoría externa del Palacio de Congresos de Torremolinos, que reveló presuntos incumplimientos, deficiencias y falta de control interno de gastos en la gestión del mismo desde el año 2013, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una comisión de investigación para depurar posibles responsabilidades políticas, jurídicas y de gestión en la administración de este espacio. Esta estará formada por diez representantes, dos concejales por cada uno de los grupos políticos con representación municipal (PSOE, PP, Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede), a los que se suman el único concejal que tienen en la corporación IU y el concejal no adscrito, Juan Machio.

La comisión se pone en marcha apenas una semana después de darse a conocer dichos resultados y se ha dado un plazo de tres meses para elevar sus conclusiones. Ya en la primera reunión, que tuvo lugar ayer, y entre los primeros documentos requerios, los representantes de CSSP e IU solicitaron la puesta a disposición de esta comisión el libro de actas de la sociedad gestora del Palacio de Congresos desde su constitución en 1996 hasta su disolución el pasado mes de marzo por orden del Ministerio de Hacienda por pérdidas en sus cuentas de 2013 y 2014; los estatutos de esa sociedad, los libros de los últimos cinco ejercicios contables y el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento a partir de los resultados de la auditoría, con el objetivo de dilucidar las posibles responsabilidades.

Estará formada por diez representantes de los grupos políticos de la Corporación

Cabe recordar que entre algunos de los incumplimientos revelados por la autoría, esta señala que la dirección del palacio de congresos habría autorizado entre 2013 y 2014 servicios y contratos de cantidades que excedían el límite de 3.000 euros que tenía atribuido. El documento señala además que la sociedad no llevaba un control de los gastos relacionados con cada evento ni existía un presupuesto concreto, circunstancia desencadenante de los desajustes en el control de presupuesto y la situación de pérdidas que ha obligado posteriormente a su liquidación.

Al mismo tiempo, entre otras observaciones, la auditoría señaló el desconocimiento de los precios de coste y valor de recuperación de la ferias, la cesión gratuita de locales a terceros, la aplicación de tarifas a los arrendatarios de instalaciones distintas a las publicadas en la página web, la inexistencia de un manual de procedimiento de control interno para la contratación de personal nuevo mediante publicidad y pública concurrencia, o la falta de depósito en el Registro Mercantil de la contabilidad de los sucesivos ejercicios. Por último, la sociedad gestora del palacio arrojó un resultado de explotación negativo de los ejercicios 2014 y 2015.