El fiscal encargado del caso de las presuntas subastas irregulares del Ayuntamiento de Mijas ha solicitado recientemente en un escrito dirigido al juzgado de instrucción número 1 de Fuengirola que se declare la "complejidad" del caso. De esta manera, el fiscal pide al juez que se aplique el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según se desprende del escrito, con fecha del pasado 19 de septiembre, lo que permitiría ampliar la fase de instrucción. Para ello, manifiesta entre los motivos por los que solicita la citada declaración la posible existencia de "numerosos hechos punibles" así como que la causa "involucre a gran cantidad de investigados o víctimas". Además, agrega que la investigación precisa de la realización "de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis". Por último, concluye que la instrucción requiere de la revisión "de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas".

El caso de las subastas de Mijas comenzó tras la denuncia del sindicato Manos Limpias en octubre de 2015 ante el juzgado de instrucción número cuatro de Fuengirola en la que se advertía de que se habrían subastado, supuestamente, viviendas y terrenos muy por debajo de su precio de tasación, asegurando así que por una deuda de 800 euros se llegó a subastar un apartamento de 8.000. O una finca tasada en más de un millón de euros adjudicada a un subastero por 35.000. A partir de entonces comenzó una larga batalla administrativa y judicial en la que se investigan las presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Mijas en materia de adjudicaciones directas de bienes inmuebles por deudas municipales por los presuntos delitos de falsedad, tráfico de influencia y prevaricación. Entre los investigados, se encuentran el ex alcalde de Mijas, Ángel Nozal, o el jefe de Tesorería del Ayuntamiento, entre otros cargos.

En noviembre de 2016 el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Málaga dictó la primera sentencia que declaraba la "nulidad de pleno derecho" de una de las casi un cententar de viviendas que el Ayuntamiento presuntamente embargó y subastó de forma irregular. En este caso, la vivienda se subastó por una deuda de 7-406 euros en concepto de IBI por apenas 80.025 euros a pesar de estar valorada en 246.409 euros. Pere este es solo uno de los cerca de 80 embargos municipales adjudicados mediante sistema de subastas a precios irrisorios entre los años 2011 y 2014 que están siendo investigados por la justicia. Entre ellos se encuentran varios inmuebles tasados en más de 100.000 euros y adjudicados por una ínfima parte de su valor por deudas que oscilan en la mayoría de los casos entre los 1.000 y lo 6.000 euros. Las propiedades se adjudicaban de forma exprés en el plazo de un més, sin esperar a los seis meses que marca la ley.