Resulta paradójico que siendo Nerja uno de los baluartes del turismo de la provincia de Málaga, tenga todavía pendiente la construcción de la estación depuradora de aguas residuales. La última para que la Costa del Sol culmine el saneamiento integral que de momento acumula un retraso de 13 años. En 1991 una directiva europea obligaba a todos los municipios mayores de 15.000 habitantes a tratar sus aguas estableciendo como plazo máximo el 31 de diciembre de 2005. El Gobierno diseñó en 1995 un Plan Nacional de Saneamiento y Depuración para cumplir los objetivos comunitarios. Dos años antes de que se cumpliese la fecha, el que fuese presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur, -actualmente la Cuenca Mediterránea Andaluza- Francisco Ortiz, ya advirtió que "no podía asegurar" que la depuradora de Nerja estuviese concluida para la fecha exigida. A finales de ese mismo año se redactó el informe medioambiental de la edar, y la previsión era licitar las obras en febrero de 2004. El concurso público salió diez años después. La Unión Europea dio un nuevo plazo para culminar el saneamiento integral de la provincia que expiró en 2015. La depuradora de Nerja había sido declarada de interés general, prioritaria y urgente por el Gobierno Central.

Y si el periplo hasta llegar a la licitación de las obras fue duro, peor aún está siendo el vivido durante los meses que lleva en ejecución. La alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE) recordó que ya en 2012 cuando el Ministerio de Agricultura y Pesca, Medio Ambiente y Alimentación anunció su adjudicación a Corsan-Corviam Construcciones e Isolux Ingeniería por 23,2 millones de euros. El contrato incluía las obras de la estación depuradora, los colectores interceptores, las estaciones de bombero y el emisario submarino. "Desde que estábamos en la oposición estábamos advirtiendo que íbamos a tener problemas con la depuradora. Lo dijimos por el montante económico en el que se adjudicó y luego, ya en el Gobierno, respaldados por los informes de los técnicos municipales que fueron quienes nos pusieron sobre aviso", expuso la regidora, quien recordó que en la moción que aprobaron el pasado jueves para que se reanuden "inmediatamente" las obras de la edar se ha incluido un punto en el que piden al Gobierno una copia del proyecto complementario anunciado por dicho Ministerio y la cuantía de la partida presupuestaria destinada al mismo en el Presupuesto General del Estado de 2018, pendiente de aprobación. Estos trabajos adicionales podrían tener un sobrecoste de 2,2 millones de euros.

El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado el proceso para rescindir el contrato con la ute

Finalmente, el contrato se firmó a finales de 2013 y comenzaron a principios de 2014. La actuación tenía 30 meses de ejecución por lo que tendría que haber estado finalizada para el verano de 2016. "En 2015 ya estábamos en el gobierno y estuvimos advirtiendo que la UTE estaba en la antesala del concurso de acreedores, sin embargo, se rieron de nosotros. Dos años después hemos visto que por desgracia lo que avisamos se ha convertido en realidad. Nos han estado engañando prácticamente desde entonces", se quejó Arrabal quien recordó que el 12 de julio fue declarado dicho concurso. Antes, desde prácticamente enero las obras estaban paralizadas.

En octubre, la Subdelegación del gobierno en Málaga anunció la reanudación de los trabajos pero no llegaron a activarse. Hace una semana los anunció al concejal de Infraestructuras, José María Rivas (PSOE) tras recibir un escrito de la empresa en el que le solicitaba la instalación de la señalización y cortes de tráfico. Sin embargo, al día siguiente la UTE lo desmintió alegando que no tenían capacidad de movimiento al estar inmersos en un proceso judicial. Estos vaivenes ha llevado al Gobierno a iniciar el proceso para resolver el contrato, y al gobierno nerjeo a convocar una manifestación para el próximo sábado.