La futura cárcel de Archidona se encuentra en el foco informativo desde hace semanas. Aunque no por su apertura como segundo centro penitenciario de la provincia Málaga, sino por la decisión del Gobierno central de reconvertirla de forma repentina en un centro provisional de internamiento de inmigrantes. Una medida que se tomó tras la llegada masiva de inmigrantes a las costas de Murcia y Almería y el colapso de los centros de internamiento de esas localidades. En aquel momento el Ministerio del Interior, que dirige Juan Ignacio Zoido, tomó la decisión de recurrir a la millonaria infraestructura penitenciaria que lleva varios años finalizada pero sin abrir, entre otros asunto, por no disponer del personal funcionario necesario para su entrada en servicio.

La nueva utilidad dada por el Gobierno central, con el internamiento de casi 500 inmigrantes, en la mayoría de procedencia argelina, generó una gran polémica desde el primer momento, aunque la cascada de críticas hacia la decisión del Ministerio del Interior se agudizó tras el suicidio de uno de los internos el pasado viernes 29 de diciembre. De hecho diferentes colectivos y partidos políticos han pedido la misión del ministro Zoido. Antes, tanto las ONGs como los sindicatos mayoritarios de prisiones acusaron al Gobierno central de haber engañado a los jueces que autorizaron el ingresos. En ese momento mostraron documentación en la que estas instalaciones se designaban como centro penitenciario y recordaron que incluso había funcionarios que ya tenían este destino para incorporarse. Además, también denunciaron la falta de personal encargado de atender las instalaciones y la falta de algunos servicios básicos como puede ser el agua. Las continuadas quejas sobre las condiciones de los internos provocaron que se autorizase la entrada de una comitiva, formada por políticos y agentes sociales, con la que se trató de comprobar la situación real y se demandaron diferentes mejoras. No obstante, cuando la situación parecía calmarse, la confirmación de las primeras expulsiones tensó nuevamente el ambiente interior y se llegó a producir un motín que necesitó de una gran intervención de los agentes de la Policía Nacional para poder hacerse nuevamente con el control del módulo que se rebeló.

Finalmente, la muerte de un inmigrante provocó la peor situación y la propia Junta de Andalucía pidió que se tomasen medidas para acabar con la situación que se está produciendo en Archidona, aunque en el centro todavía se mantienen sobre unas 80 personas, según las estimaciones de las ONGs. La presidenta andaluza, Susana Díaz, tras aquellos hechos, afirmó que "no es de recibo" ni corresponde a "un país desarrollado como el nuestro, que forma parte de la Unión Europea y que tiene que respetar todos los tratados humanitarios y el derecho de acogida de estas personas que han puesto el pie en nuestra tierra".

Además, varias fueron las concentraciones que se realizaron a las puertas de la propia cárcel y en la capital malagueña en las que varios cientos de personas exigían que se depuren responsabilidades, aunque el juez de Archidona que investiga lo ocurrido daba por sobreseídas las diligencias al considerar que la pruebas aportadas por la Policía demostraban que no hubo ningún delito y que se trató de un suicidio.

No obstante, la muerte de Mohamed Bouderbala amenaza con convertirse en un problema de índole internacional para España tras el anuncio de la Fiscalía argelina de abrir una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del inmigrante, según anunció esta semana el ministro de Justicia de Argelia, Tayeb Louh, durante un pleno en el Senado. Louh informó de que se llevará a cabo una autopsia en cuanto se produzca la repatriación del cadáver. La cadena nacional argelina Ennahar TV publicó varias grabaciones con testimonios que rechazan la versión del supuesto suicidio

Este suicidio, según algunos colectivos de ayuda a los inmigrantes, también vuelve a poner de manifiesto la tragedia que se vive con la inmigración, ya que estas personas suelen hipotecar a sus familias al completo para poder tener un billete de ida hacia Europa, una deuda a la que tienen que hacer frente al regreso a sus países al ser expulsados.