Denuncian presunto blanqueo en la venta de viviendas en Periana

  • El complejo turístico Las Mayoralas se ha vendido a dos investigados por estafa en la Audiencia

Uno de los dos propietarios del complejo turístico Las Mayoralas de Periana ha denunciado ante la Guardia Civil la venta de este recinto por parte de su socio a una pareja de supuestos estafadores, acusados de apropiarse presuntamente de 228 millones de euros mediante moneda virtual.

El abogado del denunciante, Abdeslam Lucena, informó ayer a Efe de que la administradora de la entidad adquiriente es Pilar Otero, una empresaria madrileña que, junto a su pareja, está siendo investigada por la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de blanqueo, pertenencia a grupo criminal y estafa.

Lucena precisó que ambos se encuentran en libertad bajo fianza de 150.000 euros, como presuntos responsables de un supuesto fraude piramidal, mediante una moneda virtual que recaudó 228 millones euros en 78 países con 50.000 inversores que han perdido su dinero. Según informó el diario El País en su edición de ayer, esta pareja adquirió el pasado 19 de enero por 1,4 millones de euros el complejo turístico de Las Mayoralas, un conjunto de catorce viviendas unifamiliares con piscina y vistas al pantano de La Viñuela.

El abogado indicó que la venta se realizó con la firma de solo uno de los dueños, un ciudadano alemán al que su cliente -el otro propietario al 50%- denunció, ya que aseguró que no tenía conocimiento de la operación y que la misma se realizó "a un precio inferior al real".

También dijo que no se tuvo en cuenta el acuerdo de la junta de socios de Las Mayoralas y que "se ha inducido a error al notario" al haberle indicado que el complejo no era activo esencial de la sociedad.

Asimismo, Lucena afirmó que presuntamente se están cometiendo delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, "ya que parte de la operación se ha pagado en negro".

El letrado señaló que comunicará los detalles de esta compraventa al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que instruye el proceso de la supuesta estafa con moneda virtual.

"Ya veremos las consecuencias que tiene que le comuniquemos al juzgado que personas investigadas por blanqueo o estafa está pagando presuntamente en negro", sentenció Lucena.

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